Moncloa mira con preocupación el desarrollo de la causa judicial de la mujer de Pedro Sánchez. Pese a que el propio jefe del Ejecutivo traslade públicamente que «no hay nada reprochable» en la actividad profesional de su esposa, lo cierto es que esta cuestión ha supuesto un importante factor de desestabilización para el Gobierno. También un foco de desgaste para la figura de la institución y del propio presidente, que, de manera inédita, ha tenido que declarar como testigo en la fase de instrucción. Nunca antes un jefe del Ejecutivo se había visto sometido a esta situación. Y este desgaste se sostendrá mientras la causa continúe abierta. Por ello, en el Ejecutivo tienen marcado en el calendario la jornada de hoy, en la que la Audiencia Provincial de Madrid debe decidir el destino de la misma, resolviendo los recursos de la esposa de Pedro Sánchez y de la Fiscalía.
Ambas partes piden el archivo y esta es la misma posición que mantienen en el Gobierno. Fuentes socialistas consultadas por este diario aseguran que «no hay causa» y que, por ello, «el archivo es la decisión más lógica». Aunque se muestran respetuosos con la determinación que decidan tomar los cinco magistrados de la Sección 23, apuntan que dar carpetazo a la causa sería «consecuente con todas las testificales, los informes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) y las diligencias practicadas». «No hay ningún indicio de delito», zanjan.
Además, desde el Ejecutivo se suman a los argumentos ya expuestos por la defensa y la Fiscalía, compartiendo que se trata de una «investigación prospectiva», «algo que está prohibido en este país», puntualizan, y recuerdan que «comenzó con una denuncia que solo aportaba recortes de prensa, algo también prohibido para iniciar una instrucción». «Desde ahí, nada ni nadie ha aportado un solo indicio de delito. El archivo sería una decisión lógica», insisten las fuentes consultadas por este diario. Sin embargo, desde el ámbito jurídico se apunta a una posible estimación parcial del recurso –al igual que sucedió el pasado mayo con las primeras peticiones de archivo sobre la mesa– acotando la instrucción, pero rechazando dar carpetazo a la investigación de Peinado. Lo que sí es seguro es que los magistrados intentarán dictar la resolución por unanimidad.
El Gobierno se juega también su crédito en la decisión que tome la Audiencia Provincial de Madrid, porque se ha implicado de lleno en proteger a Begoña Gómez. Desde altavoces oficiales del Ejecutivo –la mesa del Consejo de Ministros– y del partido –la sede federal de Ferraz– se ha hecho una encendida defensa de la esposa del presidente y con idéntica vehemencia se ha atacado la investigación. Unos posicionamientos que podrían quedar ahora comprometidos en caso de que se avale la instrucción del juez Peinado en todo o en una parte. Especialmente relevantes son los pronunciamientos del ministro de Justicia, Félix Bolaños, atacando la investigación y calificándola como una «persecución inhumana y cruel» contra Sánchez y su familia.
La propia Comisión Europea se hizo eco en julio en su informe sobre el Estado de derecho en España de la preocupación en la judicatura por los ataques en declaraciones de políticos, incluido el Gobierno, contra el poder judicial y advirtió del riesgo de que este tipo de retórica dañe la confianza fundamental de la sociedad en los jueces y sus sentencias. «Si bien los tribunales no son inmunes a las críticas y el escrutinio, la confianza del público en el poder judicial es fundamental para su eficacia, en vista de su papel especial en la sociedad», señaló.
Además, el presidente del Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, ha decidido ir al choque contra el juez Peinado, acusándole de prevaricación. Una querella que también debe resolverse en próximas fechas. Hasta ese momento, desde el Ejecutivo se habían limitado a atacar verbalmente la instrucción del magistrado que dirige la causa contra Begoña Gómez, por supuesto tráfico de influencias, pero la declaración como testigo de Sánchez supuso un punto de inflexión y se decidió escalar la estrategia.
En paralelo al plano judicial, en el terreno puramente político, el Gobierno presentó hace dos semanas su «Plan de acción para la democracia», un compendio de propuestas sin concreción que nacieron del proceso de reflexión de Sánchez, tras conocer la investigación a su mujer y que bajo la vocación de mayor transparencia lanza limitaciones a la financiación de los medios.
