Pedro Sánchez salió de las elecciones europeas con la necesidad imperiosa de poner la legislatura en marcha. Consumidos 11 meses desde las elecciones generales del 23J y siete desde la investidura del líder socialista, el saldo gubernamental es paupérrimo y la negociación y, posterior, aprobación de la Ley de Amnistía, como condición necesaria para seguir adelante, lo ha monopolizado todo. Superado el maratón electoral del primer semestre del año –gallegas, vascas, catalanas y europeas– Moncloa quiere abrir una nueva etapa. Pero no está en su mano.
Aunque quiera dar un impulso legislativo y trasladar la sensación de proactividad ejecutiva, la percepción es que todo está parado a la espera de cómo se desarrollen los acontecimientos en Cataluña. Todo se paró el 13 de marzo –cuando Aragonés anunció el adelanto electoral– y ahora «todo pasa por Illa». Así lo señalan en el entorno del presidente del Gobierno, en una derivación de la frase que el mismo Sánchez pronunció, y que significa que la activación de la legislatura sigue condicionada a cómo se resuelva la gobernabilidad catalana por las implicaciones que sus actores tienen en el Congreso de los Diputados.
En el Gabinete defienden que no hay otra alternativa que el candidato del PSC y ganador de las elecciones –«todos los caminos llegan a Illa»–, pero lo cierto es que el fantasma de la repetición electoral sigue planeando y amenaza con tomar cuerpo. Si los socialistas recibieron con optimismo el pacto para dar entrada a ERC en el Ayuntamiento de Barcelona, la movilización masiva de la militancia para decidir si lo avala o lo tumba –auspiciada esta última por quienes se oponen al acuerdo-–ha devuelto a la realidad de la complicada coyuntura que se vive en una Esquerra partida en dos. Cataluña es el botón que desbloquea la legislatura. Si se precipita una nueva cita con las urnas, ésta seguirá en pausa; sí Illa es investido, Sánchez podrá desplegar su hoja de ruta para los próximos meses.
Mientras se mira por el retrovisor la endiablada dinámica catalana, el Gobierno se ha puesto en marcha. El ultimátum al PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) antes de que acabe este mes de junio y el recordatorio de que antes del descanso estival habrá un plan de regeneración democrática para luchar contra la desinformación pretenden recuperar la iniciativa política tras el ciclo electoral. Sánchez quiere acaparar la atención de la opinión pública y demostrar a sus socios los incentivos que existen para sostenerle en el poder. En este contexto hay que entender el guiño lanzado desde el Ministerio de Hacienda a ERC, asumiendo su discurso de financiación «singular». Una retórica que Pere Aragonés introdujo en la campaña electoral del 12M y que chocó entonces con la oposición frontal del Ejecutivo, por no tener encaje constitucional ni en el Estatut. En el Gobierno solo estaban dispuestos a satisfacer económicamente aquellas singularidades específicas de la región, tales como sus atribuciones específicas en áreas como los Mossos o la cuestión penitenciaria.
La posición no ha cambiado. Moncloa no se mueve de lo firmado en el acuerdo con los republicanos, limitado a una quita de la deuda –de 15.000 millones de euros– que se implementaría con el máximo rango normativo, lo que exigiría el aval del Parlamento y, por extensión, del resto de socios del Gobierno. Sin necesidad de vincularlo al calendario de los Presupuestos –previstos para el otoño– y acompasarlo, eso sí, con los tiempos de la investidura en Cataluña, que debe resolverse antes de que acabe agosto. En este sentido, la condonación que busca estabilizar la relación con Junts y ERC se haría extensible a otras autonomías, por lo que pondría en un brete a los territorios del PP que también quieren ver cancelada su deuda. Así, se evitaría cualquier asimetría territorial que generase no solo conflictos con el resto de aliados parlamentarios, sino también con las propias federaciones socialistas que miran con suspicacias estos movimientos. El presidente de Castilla-La Mancha ya elevó la voz este viernes, mostrando su oposición a cualquier trato que genere desequilibrios. «Solo faltaría que la fiesta independentista la acabemos pagando entre todos», dijo Emiliano García-Page.
Desencallar Cataluña, financiación mediante, tiene un efecto directo sobre el salvoconducto que suponen los Presupuestos para 2025. La condición necesaria para que Sánchez pueda, al menos acercarse, al horizonte de agotar la legislatura. Los contactos se han reactivado y el Gobierno tiene una ardua tarea por delante para colmar las aspiraciones de una mayoría parlamentaria muy dispar y que flaquea en las últimas votaciones en el Congreso. Las distorsiones ideológicas entre sus socios, unidas a la inestabilidad por la implosión de Sumar complican el horizonte, pero nada es comparable al escollo catalán. Salvada la investidura de Illa con éxito, creen en Moncloa, que estará encarrilada la legislatura.
