La mayor parte del sector sanitario sigue con gran preocupación la negociación del nuevo concierto del referente del mutualismo administrativo en España, Muface. Durante esta semana se ha conocido la oferta del Gobierno para rescatar este modelo en el que, a juzgar por la apuesta realizada, no cree ni conoce en absoluto.
Este viernes, el ministro de Función Pública –ministerio que tienen la competencia–, Óscar López, se mostraba confiado en que se puedan firmar los convenios de Muface tras la aprobación de un aumento del 17% en la prima del concierto para los años 2025-2026, «la mayor subida de la historia», según señaló. Pese a que la subida es «pírrica» con respecto a lo que pedían las tres compañías aseguradoras que soportan el mutualismo administrativo –Asisa, Adeslas y DKV– para poder seguir haciendo frente las pérdidas millonarias que les provoca (un 40%) –de unos 200 millones de euros al año–, el Gobierno no alberga la menor duda de que se llegará a un acuerdo.
«El Gobierno de España ha hecho un esfuerzo sin precedentes», defendió el ministro. «Hemos aprobado la mayor subida de la historia de la partida para el concierto con Muface. Nunca en la historia, desde que la sanidad se transfirió a las comunidades autónomas, nunca se había subido un convenio un 17%».
Además, precisó que este aumento supone que se van a destinar más de 2.600 millones de euros a las aseguradoras en los próximos dos años, e incrementar más de 300 millones de euros sobre el anterior convenio.
Una situación grave
La que tampoco ha mostrado preocupación alguna por el futuro de Muface es la ministra de Sanidad, Mónica García. Pese a que la negociación del convenio no es competencia de su departamento, en el caso de que no se llegara a un acuerdo sí sería su competencia – y de las comunidades– desarrollar un Plan de Contingencia para que el Sistema Nacional de Salud (SNS) pudiera absorber la asistencia sanitaria de cerca de 2 millones de personas (1,5 millones de funcionarios y sus familiares).
Una bomba de relojería que, sin duda, dinamitaría la ya maltrecha sanidad pública, llevándola al colapso en pocos meses.
Sin embargo, García, preguntada sobre este tema por las comunidades autónomas al término del pleno del Consejo Interterritorial del SNS de este viernes, señaló que ella no sabía nada y que era una negociación que Función Pública estaba llevando «de un modo muy discreto».
Esta tibieza le valió las críticas de la consejera de Sanidad de Madrid, Fátima Matute, que declaró que «el Ministerio de Sanidad debe de implicarse directamente porque son 1,5 millones de personas que engrosarían las listas de espera del SNS».
Recordemos que, en España, según los últimos datos facilitados por Sanidad, había 850.000 ciudadanos en espera para someterse a una intervención en un centro sanitario de alguna de las 17 comunidades autónomas, Ceuta o Melilla a finales del año pasado, y uno de cada 4 lo estaba desde hacía más de 6 meses.
Cada pleno, una decepción
En este sentido, Matute advirtió de lo grave que podría llegar a ser la situación «si no hay un plan de contingencia real» y si no se prevé «una financiación con una memoria económica».
En relación con las listas de espera, las comunidades del PP criticaron también que aún no se haya puesto en marcha el grupo de trabajo para reducirlas que Sanidad anunció hace unos meses.
También se mostraron decepcionadas por que no se tratara nada respecto al Plan de Recursos Humanos para hacer frente a la falta de especialistas que sufre la sanidad pública.
