El patrimonio medio de las personas que tienen que declarar el impuesto a las grandes fortunas es de 22 millones de euros, según ha señalado la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. En la sesión de control en el Congreso de este miércoles, Montero ha dado este dato ante una pregunta del portavoz económico de Vox en la Cámara Baja, José María Figaredo, sobre a partir de qué umbral el Gobierno considera a una persona rica en España.
El líder de Vox en Asturias ha aseverado que, según el criterio de la Agencia Tributaria, una persona que gane más de 30.000 euros al año ya es considerada rica, unos ingresos que puede percibir “un conductor de autocares urbanos”, un “operario de maquinaria” o un “enfermero” en un hospital. “Esos son los que ganan más de 30.000 euros y son los que la Agencia Tributaria considera ricos, que no son el típico ejemplo que todos pensaríamos cuando nos viene a la cabeza un rico”, ha apostillado.
En el turno de respuesta, la vicepresidenta primera ha recordado la aprobación en la legislatura pasada del impuesto temporal a las grandes fortunas, que afecta aquellos patrimonios superiores a los tres millones de euros y que en 2023 recaudó 623 millones de euros. A juicio de María Jesús Montero, este tributo supone “justicia fiscal”, pues a estos contribuyentes con grandes patrimonios se les pide “un mayor esfuerzo”, del mismo modo que a las energéticas y a las financieras, para las que también se creó un impuesto temporal a tenor de sus “beneficios récord”. “Se le pide, en definitiva, un mayor esfuerzo a aquellos que pueden pagar para que se beneficie el conjunto de la mayoría social de nuestro país, el Estado del Bienestar”, ha remachado.
Por otro lado, la vicepresidenta primera ha dicho que su departamento analizará hasta el “último día” el avance de la inflación para decidir si prorroga la rebaja del IVA a los alimentos básicos, que termina el próximo 30 de junio. Ante un escenario inflacionista, el Gobierno decidió aprobar en los diferentes decretos anticrisis un IVA reducido del 0% para alimentos de primera necesidad como la leche, el pan, los huevos o la harina, y del 5% en las pastas y los aceites.
Esa rebaja fiscal se extendió hasta junio mediante el decreto que se convalidó en enero, y el Gobierno todavía no ha dicho que pretende hacer con esta medida. “Nosotros vamos a trabajar hasta el último día para ver cómo se va a comportar el precio en los mercados”, ha dicho la vicepresidenta en los pasillos del Congreso.
Montero ha comentado que si la perspectiva que hay por delante no termina de abaratar el precio de la compra, el Ejecutivo tomará las medidas “correspondientes” para que siga siendo una cesta de la compra “accesible para todo el mundo”. La ministra no ha detallado en qué consisten esas medidas y ha insistido en que todavía “hay que esperar” algunos días hasta ver cómo se ha comportado la inflación, incluido el mes de junio.
