Si no cambia nada en los cuatro días que restan hasta que termine el mes de septiembre -de los cuales dos son no laborables- el Gobierno central adeuda a la Comunitat Valenciana un total de 546 millones de euros en concepto de los 91 millones de euros más al mes que debería estar percibiendo por las entregas a cuenta actualizadas.
El pasado mes de junio la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció la decisión del Gobierno de actualizar, mediante decreto, las entregas a cuenta a las comunidades autónomas, que habían quedado congeladas tras la prórroga de los presupuestos estatales anunciada en febrero por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Con la actualización, la Comunitat Valenciana debía recibir 91 millones de euros más cada mes. Dicha cantidad se ha percibido religiosamente desde el mes de julio, pero se adeuda lo correspondiente a los meses de enero a junio, es decir, 546 millones de euros.
El Gobierno aseguró que se pagaría durante el mes de septiembre, aunque hasta ahora, dicha cifra no se ha ingresado en las arcas de la Generalitat.
El presidente del Consell, Carlos Mazón, denunció ayer el retraso y aseguró que 91 millones al mes equivalen a seis centros de salud en la Comunitat Valenciana.
El presidente señaló que hace tiempo que dejó de saber cuál es el margen que tiene el Gobierno de España con Junts, pues «unas veces dejan que se escape el jefe, otras veces dicen que van a hacer de la necesidad virtud, otras veces dicen que el supremacismo catalán está estupendo, y otras veces deja que los pescadores catalanes invadan territorio valenciano y se pongan a pescar alrededor de Castor».
Así se pronunció sobre que el Gobierno vaya a retirar la tramitación parlamentaria de la senda de estabilidad, un paso previo a los presupuestos, para ganar tiempo en la búsqueda de apoyos y evitar así un nuevo rechazo en el Congreso en la votación que estaba prevista para este jueves.
Por otra parte, mañana viernes se producirá la primera reunión de la Plataforma per un Finançament Just en la que no existe consenso y unanimidad en cuanto a las exigencias a plantear al Gobierno en materia de financiación autonómica.
Los últimos cambios políticos, sobre todo la apertura de un proceso de negociación bilateral entre el Gobierno central y Cataluña para facilitarle a esta autonomía una «financiación singular», han provocado que todas las piezas del tablero se muevan y las posiciones de los partidos en la Comunitat, que hasta ahora eran iguales en esta materia, se separen.
Mientras que los socialistas abogan por abrir una negociación bilateral con el Gobierno que imite a la catalana, el PP apuesta por mantener las negociaciones en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y esquiva el asunto de la condonación de la deuda, con una «reestructuración», puesto que, alega, desconoce cuáles son las condiciones de esta quita.
Compromís, por su parte, mantiene las reivindicaciones que siempre ha defendido la plataforma: la reforma inmediata del sistema de financiación, la compensación de la deuda histórica que acumula la Comunitat por la infrafinanciación que ha sufrido durante años, y aprobar un fondo de nivelación transitorio, dotado con 1.700 millones de euros para la Comunitat, hasta que se efectúe la reforma del sistema. Este último punto, en el que siempre habían estado de acuerdo todas las formaciones, mantiene unidos solamente a PP y Compromís, mientras que el PSPV se descuelga, puesto que es una propuesta que no gusta al Gobierno central.
