El curso político ha arrancado sin miramientos entre PP y PSOE en Andalucía. Mientras el presidente de la Junta, Juanma Moreno, redobla su ataque al Gobierno de Pedro Sánchez por la financiación autonómica, el líder de la oposición, Juan Espadas, pone el foco en la fallida gestión de los servicios públicos. Unos hablan de «robo» a los andaluces desde Moncloa y los otros señalan al inquilino de San Telmo como «mentiroso», «incapaz, «inhumano» o «tramposo». En medio de ese ambiente de crispación, los dos grandes partidos políticos tendrán que firmar una tregua para renovar la institución del Defensor del Pueblo Andaluz. Hasta ahora, las tres personas que han ostentado el cargo –Manuel Conde Pumpido (1985-1996), José Chamizo (1996-2013) y Jesús Maeztu (2013-2024)– han contado con un amplio consenso parlamentario.
Esta semana se cumple un lustro de la reelección de Jesús Maeztu al frente del comisionado del Parlamento, designado para la defensa de los derechos y libertades comprendidos en el Título I de la Constitución y en el Título I del Estatuto de Autonomía para Andalucía. El séptimo mandato de la Institución arrancó con su designación como Defensor del Pueblo Andaluz el 11 de septiembre de 2019. Las tres adjuntías nombradas fueron Juana Pérez Oller, Jaime Raynaud Soto y Virginia Salmerón Millán.
En aquella ocasión, la designación obtuvo el respaldo de 75 diputados, 30 votos en blanco y 3 nulos. El nombramiento no estuvo exento de polémica, pues la entonces coalición de izquierda Adelante Andalucía denunció la ruptura de un pacto alcanzado con PP y PSOE. La formación de extrema izquierda pretendía que fuese la activista Helena Maleno la elegida para el cargo.
La formación ultraconservadora Vox, por su parte, defiende abiertamente la supresión de la figura del Defensor del Pueblo de ámbito regional. La considera una cuestión programática, al entenderla innecesaria porque que tiene carácter redundante respecto a la figura estatal existente.
El Defensor andaluz es elegido por el Parlamento, para un período de 5 años, de acuerdo con el siguiente procedimiento: primero, la Comisión Consultiva de Nombramientos, Relaciones con el Defensor del Pueblo y Peticiones propone al Pleno de la Cámara el candidato o candidatos; segundo, se convoca en término no inferior a 15 días, el pleno del Parla para proceder a su elección; tercero, es designado quien obtenga una votación favorable de las tres quintas partes de los miembros del Parlamento. Si no se alcanza la mayoría indicada, la Comisión, en el plazo máximo de un mes, se reúne de nuevo para formular nuevas propuestas. Conseguida la mayoría exigida, el candidato queda designado como Defensor.
El Partido Popular, que goza de mayoría absoluta con sus 58 diputados, requiere de al menos ocho votos más para alcanzar la mayoría cualificada señalada. Con Vox fuera del tablero, la negociación con el PSOE es obligatoria –Por Andalucía y Adelante suman siete diputados– para asegurar la renovación. No sería la primera vez que ambas formaciones acercan posturas en poco tiempo. La situación en Doñana se antojaba imposible de revolver y, finalmente, se produjo un fructífero acuerdo tras año y medio de declaraciones altisonantes por una y otra parte.
Jesús Maeztu Gregorio de Tejada (1943) acumula once años al frente del comisionado –fue elegido el 12 de junio de 2013–. Hace tres meses, definía la figura del Defensor como «la de un colaborador leal, y a la vez crítico, de todas las administraciones», que «señala casos que merecen ser revisados, sugiriendo modificaciones en el funcionamiento administrativo e incluso impulsando el cambio de la legalidad cuando resulte preciso y necesario, sin perder la perspectiva de la fragilidad humana, siempre consciente de sus límites». «Porque desde las carencias nada se construye y, en cambio, desde la cercanía y adaptación al entorno –prosiguió–, y de la integridad de la política pública, el modelo de gestión cambia radicalmente. Por eso hoy vuelvo a pedirles, como les pedí al 1 de diciembre, que cuiden a esta institución constitucional, estatutaria, parlamentaria, estatal y autonómica. Y que el sucesor de este Defensor estuviera representado ahora por una mujer».
En 2023 más de 35.000 andaluces acudieron al Defensor. Se recibieron 13.600 quejas, y se concretaron más de 15.500 consultas. A lo que se suman más de 600 acciones de promoción de derechos. «Este organismo no es un órgano de poder, pero sí tiene poder, el que le conceden tanto al Estado de derecho, el Estatuto de Autonomía, como la propia ciudadanía», sentenció Maeztu, que dentro de poco tendrá sustituto.
