Se llamó Operación Persa. Nadie recuerda el motivo, pero es probable que el nombre se le pusiera por la afición de la vedette por los gatos o por el mercadeo en el que se convirtió un chantaje que duró diez años (de 1994 a 2004) y costó millones de euros, según han confirmado a EL PAÍS personas que tuvieron conocimiento directo del mismo. Su objetivo fue evitar que la filtración de las fotos, vídeos y audios que evidenciaban la infidelidad de Juan Carlos I con Bárbara Rey pusiera en jaque la estabilidad de la Monarquía y, con ella, todo el sistema político edificado desde la Transición. La difusión de dichos documentos tres décadas después evidencia el fracaso de aquella operación o tal vez no, razonan las mismas fuentes, porque lo que entonces se veía como una revelación explosiva de efectos devastadores hoy, tras el rosario de escándalos que desencadenaron la abdicación y el exilio voluntario del rey emérito, se ha convertido en pólvora mojada, pasto de tertulias y prensa del corazón. Salvo en dos puntos: por qué se usaron fondos públicos para tapar pecados de alcoba como si fueran secretos de Estado y qué sabía el Rey del intento de golpe de Estado del 23-F antes de que se ejecutara.
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