Quizá recuerden cuando la amnistía era un misterio. Seguro que sí porque no ha pasado ni siquiera un año: hasta el Comité Federal del PSOE de octubre de 2023 incluso la palabra era tabú. Dejó de serlo cuando Sánchez apeló a la necesidad y a la virtud, aunque nadie en las filas socialistas, ni fuera de ellas, sabía a qué atenerse. Era el clásico secreto a voces, que flotaba en el ambiente, sin más datos, concreciones o referencias sobre esa medida de gracia antes inconstitucional, y por lo tanto proscrita, reconvertida (vía monclovita) en pieza clave para el puzle de la convivencia. Poco a poco, como si fueran las pistas de una novela negra, se desvelaron los detalles que terminaron plasmados en la ley ya vigente. No sabemos si por casualidad o por los ritmos que marca un guion perfectamente diseñado, se asoma ahora a la conversación pública otro enigma insondable para la política patria: la financiación autonómica, el concierto económico o, resumiendo, el reparto de los fondos entre las comunidades. Es, sin duda, el gran tema del curso político (con permiso del capítulo tribunales, claro) y lo hace con los mismos visos de intriga que lució su telonera la amnistía. Entre afirmaciones, comentarios, interpretaciones y desmentidos no resulta fácil determinar lo que sea el «cupo catalán»: unos de sus protagonistas lo niegan y otros lo defienden como pacto indiscutible; para algunos lo cambiará todo y para otros, devotos lampedusianos, no modificará nada. Después de conocer que se inspira en las enseñanzas de la España más vacía, Soria, Teruel y Cuenca, la vicepresidenta Montero se esmeró en el Senado en explicar y en explicar… pero las incógnitas, testarudas ellas, persisten. Aunque, si apuntamos a las intrigas políticas más en auge, deberíamos mirar al Consejo de Ministros y a la continuidad de algunos de sus miembros hasta ahora intocables: los rumores vuelan por los pasillos del Congreso y el Senado. «Read the clues». A lo Agatha Christie.
