En el documento de reivindicaciones que Juanma Moreno le entregó a Pedro Sánchez el pasado viernes durante su reunión en La Moncloa, el presidente andaluz incluía la petición de que la Ley de Dependencia se financie a partes iguales por la administración nacional y regional. No se trata de un capricho sino de cumplir lo que estrictamente marca la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, que señala que el Gobierno de España y las comunidades autónomas aportarán a partes iguales el dinero necesario para garantizar este derecho.
En este sentido, este mismo año, la Comisión de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 del Senado aprobó, por 17 votos a favor y 10 en contra y a iniciativa del Grupo Parlamentario Popular, una moción por la que se insta al Gobierno a financiar el cincuenta por ciento del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) en los próximos Presupuestos Generales del Estado y a “garantizar” su aportación económica “en tiempo y forma”.
El Gobierno no cumple con su aportación y, sin embargo, sí ha firmado un acuerdo con los partidos nacionalistas e independentistas para que se garantice esta cofinanciación en el País Vasco y Cataluña.
Esta deuda con Andalucía la ha cuantificado la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, durante una intervención en el Parlamento. En materia de financiación, la consejera ha cifrado en 4.000 millones de euros la “deuda” del Gobierno de España con los dependientes andaluces desde 2019, recordando que, según se recoge en la Ley, la Dependencia debe ser sostenida a partes iguales por la administración nacional y regional. “A más Sánchez, menos dependencia”, ha sentenciado.
Durante su comparecencia en el Parlamento, la consejera ha recordado que la Ley de Dependencia nació hace más de 17 años y requería un cambio porque “es una buena ley pero no funcionaba”. “Necesita gestión y financiación”, ha explicado y recogido la Junta en una nota de prensa. La infrafinanciación que padece el sistema de Dependencia se ha “agravado” este año al “sufrir un recorte de 200 millones de euros” al haberse prorrogados los Presupuestos Generales del Estado a causa de la decisión del Ejecutivo central de “ni siquiera presentar las cuentas para su votación en el Congreso”, según ha argumentado la consejera.
De hecho, ha recordado que el propio ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, “ha reconocido este recorte de fondos y ha admitido los efectos de la falta de presupuestos que ha supuesto al menos 600 millones menos para dependencia en España”. Ante esto, ha lamentado “el nuevo atropello” del Ejecutivo a los andaluces y, especialmente, a las personas en situación de Dependencia. En concreto, la Junta de Andalucía aporta “prácticamente siete de cada diez euros” al sistema y, “pese a esta falta de financiación, Andalucía ha superado por primera vez las 426.000 prestaciones y las 288.000 personas beneficiarias”.
A este respecto, ha indicado que el Gobierno de España está “aún muy lejos de cumplir con la ley” y aportar la misma cantidad que la Junta de Andalucía para sostener “el mayor sistema de Dependencia del país”. Por su parte, la consejera ha remarcado el Decreto de simplificación puesto en marcha para agilizar trámites y acortar plazos, evidenciando “el compromiso firme” para transformar el sistema de dependencia y conseguir una mejor respuesta al ciudadano. El decreto incluye que el procedimiento de valoración y reconocimiento de la Dependencia se haga con una única visita al domicilio de la persona y no en dos, lo que “evita molestias innecesarias, se preserva la intimidad de las personas y se reducen plazos”.
