Otro terremoto y otra parálisis sacuden a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) después de que los juzgados de lo Contencioso-Administrativo denegaran la medida cautelar que paralizaba la inhabilitación de dos años que el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) le impuso a Pedro Rocha. Se atisba otro enjambre jurídico y fuentes federativas aseguran que para salir de este nuevo enredo se lo van a tomar con calma para evitar denuncias, en particular las de Miguel Galán, que tiene previsto presentar una si se aplica la orden ministerial reguladora de las elecciones federativas en vez del artículo 31.8 de los estatutos federativos. La orden citada, en su punto 11.7 dice que “cuando la persona que ostente la presidencia de una federación deportiva española sea suspendida o inhabilitada por resolución definitiva por un periodo igual o superior al que resta para agotarse el mandato, siendo este igual o superior a seis meses, procederá la convocatoria de elecciones a la presidencia de dicha federación”. Con esta primera opción, la vicepresidenta adjunta María Ángeles García Chaves presidiría una comisión gestora que convocaría elecciones a la asamblea. Después, los 140 asambleístas elegidos votarían la elección del nuevo presidente por un periodo de cuatro años.
