Se acaban de cumplir dos meses de las elecciones en Venezuela. Según el 83,5% de las actas, que fueron hechas públicas por la oposición, la victoria fue para Edmundo González, con el 67% de los votos, frente al 30% de Nicolás Maduro. Estos datos no han podido ser contrastados con una publicación completa de las actas por parte del gobierno chavista, porque se ha negado a que se conozcan, hasta ahora. Por algo será.
Hace unos días, en Nueva York, Pedro Sánchez insistió en la necesidad de que Maduro publique las actas electorales, como ha exigido desde el primer momento. Como ya han pasado dos meses, el corresponsal de Antena 3 Noticias en Estados Unidos, José Ángel Abad, preguntó al presidente hasta cuándo será lógico hacer esa petición a Maduro. Y Sánchez respondió que hay que ir “paso a paso”, sin poner una fecha límite. “No vamos a quebrar la unidad europea” en este asunto, dijo Sánchez.
La realidad es que el criterio europeo en cualquier asunto relacionado con Latinoamérica lo suele marcar, en buena medida, el gobierno español por razones obvias. Si, a su vez, el criterio del gobierno español lo marca, en buena medida, el expresidente Zapatero, todo se entiende mejor.
Pero si se concede el beneficio de la duda, podríamos suponer que Sánchez quiere agotar las opciones que ofrece el calendario, porque la toma de posesión del presidente de Venezuela no se celebrará hasta el 10 de enero. Por tanto, se puede entender que se pretenda confiar en ese margen, para no precipitarse ni provocar males mayores. Este es un criterio defendible, siempre que se den pasos que conduzcan a la investidura de quien recibió en las urnas el apoyo del pueblo venezolano. Sin embargo, no habrá cómo defender este tempo pausado si el resultado final fuese la permanencia en el poder de quien, salvo que sea capaz de demostrar lo contrario, robó las elecciones.
Hay más de tres meses por delante. Puede parecer suficiente para mover los hilos diplomáticos necesarios. Pero el tiempo pasa rápido y las experiencias previas no animan al optimismo.
