Quien ha trabajado alguna vez con políticos descubre que nada es casual y, al mismo tiempo, que las estrategias no suelen responder a maniobras sesudas, sino repentinas y la mayoría burdas. El día a día provoca decisiones poco maduradas en la búsqueda de un titular inmediato en los medios. Da igual el color político. Se busca el golpe de efecto y punto, la forma de redirigir una polémica perjudicial. Es el «y tú más» al que tienen acostumbrados.
El día después de conocerse un nuevo escándalo de enchufes y borrado de ordenadores en el caso Faffe, donde están imputados «familiares muy directos de importantes cargos políticos del PSOE», según fuentes del Gobierno andaluz consultadas por Europa Press, y coincidiendo con la presencia Pedro Sánchez en Moguer (Huelva) junto a Juanma Moreno para inaugurar el proyecto CEUS, el secretario general de los socialistas andaluces, Juan Espadas, –que no mueve un dedo sin la aprobación desde Ferraz– anunciaba que llevará a la justicia el fraccionamiento de contratos del Servicio Andaluz de Salud ante una «posible malversación de caudales públicos o de delitos tipificados desde la prevaricación».
No es la primera vez que el PSOE-A amenaza con ir a los tribunales por las contrataciones de la Consejería de Salud, aunque no ha llegado a hacerlo de momento. Ayer, como entonces, la Junta de Andalucía calificó como «rotundamente falso» que el SAS haya adjudicado 458 millones de euros en «fraude de ley» y aseguró que «ningún informe de auditoría dice eso».
El Gobierno andaluz acusó al PSOE-A de filtrar a eldiario.es los informes de auditoría «facilitados» por la propia Junta a los socialistas y utilizarlos «de forma tergiversada». Según las fuentes, los 458,3 millones de euros corresponden a la «suma de todos los contratos menores» en las centrales de compras del SAS en Cádiz, Córdoba, Huelva y Jaén en 2021. En esas cuatro provincias, se hicieron 295.914 contratos menores y «los interventores han analizado solamente 573 contratos, el 0,19%». «Extrapolar algunas salvedades de una muestra del 0,19% a la totalidad de los contratos menores efectuados por el SAS en esas cuatro provincias en 2021 para decir que todos están en fraude de ley es una absoluta falta de rigor». La Junta recuerda que el contrato menor es una «figura legal válida» para contratar y «en ningún caso se ha detectado desvío de fondos públicos». Dichos contratos sirvieron para comprar medicamentos, prótesis y marcapasos, entre otros materiales, que «han sido suministrados, recetados o implantados en pacientes que ahora tienen un problema de salud resuelto». En esta línea, la Junta lamentó que «el PSOE promueva en sus redes sociales acciones de desinformación para tapar sus propios escándalos» y emplazó a Juan Espadas a que «reflexione y le dé al botón de ‘stop’ de la máquina del fango, con el que pretende embarrar el prestigio de la sanidad pública de Andalucía».
«Fue el Gobierno andaluz el que facilitó al PSOE 68 informes de auditoría en un ejercicio de transparencia sin precedentes en Andalucía, y el PSOE los está utilizado de forma tergiversada, casualmente, el día después de conocerse un nuevo escándalo de enchufes y borrado de ordenadores en el caso Faffe, donde están imputados familiares muy directos de importantes cargos políticos del PSOE». Entre ellos la mujer de Juan Espadas, según los populares. «Una imputación que no hace el PP, ni ningún medio de comunicación, que la hace un juez en un procedimiento judicial en Andalucía», añadió el secretario general del PP-A, Antonio Repullo.
«Enchufes, chollos y chanchullos debería ser el lema del PSOE de Andalucía para las siguientes elecciones, que es a lo que se han dedicado cuando han gobernado. Quieren regresar al poder para volver a hacerlo. Es parte de su naturaleza», subrayó.
«Suena a una cortina de humo. Qué casualidad que haya salido hoy el informe justo cuando se destapaban los enchufes masivos en la Faffe por parte de los anteriores gobiernos socialistas», dijo la consejera de Hacienda y portavoz de la Junta, Carolina España, que dijo que la Consejería de Salud hará un informe de contratos fraccionados del SAS.
Sobre el juicio de la Faffe, que se está celebrando en Sevilla, Espadas eludió pronunciarse ayer. «Es una cuestión que ahora mismo está justamente sub iudice; será el juez y los tribunales los que definan las responsabilidades», se limitó a señalar. Mientras tanto, de las declaraciones de testigos se extrajo, por ejemplo, que un exalcalde socialista enchufado en la Faffe «no iba a trabajar» pero se fue de viaje a Perú a costa del erario público.
En mitad de este clima de reproches y confrontación, Pedro Sánchez y Juanma Moreno mantuvieron un frío encuentro en Huelva. El presidente del Gobierno eludió cualquier comentario ajeno al proyecto que le trajo de visita a Andalucía, mientras que el líder popular le ofrecía «trabajo conjunto y con lealtad» para el «avance» de la comunidad autónoma y el «equilibrio» de España. «Solo desde esa cooperación, ese diálogo y ese acuerdo, se consigue muchas veces llegar mucho más lejos, mucho más rápido y, por tanto, conseguir los objetivos que nos marcan los ciudadanos», concluyó.
