No es que un presidente del Gobierno no pueda ser interrogado. Lo hemos visto ya varias veces, desgraciadamente. La actuación de los miembros de cualquier poder del Estado debería estar libre de cualquier sospecha, y a ello deberían contribuir todos sus integrantes esforzándose, sin encubrimientos indignos, en que así sea. Pero ya sabemos bien que no están discurriendo las cosas por ese camino. En esta generación, algunos irresponsables han redescubierto el antiguo —antiquísimo incluso— juguete de utilizar las instituciones públicas para hacer guerra política, eso que llaman desde hace algún tiempo lawfare, y en esas estamos.
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