Más de dos millones de funcionarios y familiares están pendientes de su acceso a los servicios médicos. Muface, junto con otras dos mutualidades de menor tamaño, pactan cada dos años unas condiciones económicas con aseguradoras de salud, para que los empleados públicos puedan escoger si quieren ser atendidos por la sanidad pública o por la privada. Cerca del 80% escoge la segunda opción. El 8 de octubre el Gobierno debería aprobar las condiciones definitivas del próximo convenio. En una conversación informal el ministerio trasladó al sector una propuesta de subida del 14%, que las compañías aseguradoras consideran totalmente insuficiente. Aducen que cada año pierden más de 200 millones por prestar este servicio.
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