El Gobierno ha tratado de mantenerse ajeno al “caso Koldo” durante todos estos meses, pero el avance de las pesquisas y la implicación directa del que fuera ministro de Transportes y todopoderoso secretario de Organización del PSOE da un nuevo cariz al escándalo. La derivada “caso Ábalos” apunta ya directamente al Ejecutivo y amenaza con otras vertientes en territorios como Canarias y Baleares, que afectarían al actual titular de Política Territorial, Ángel Víctor Torres y a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, respectivamente, que entonces eran presidentes de sendas regiones. Una amenaza de colapso institucional que está generando ya preocupación en el partido. “Pinta fatal”, reconoce un dirigente, que se muestra “superado” por la avalancha de información que ha derivado de los informes de la UCO.
Este es el primer caso de corrupción que impacta al Gobierno progresista después de más de seis años en el poder. El trasfondo de la trama, que hizo negocio con comisiones ilegales en lo peor de la pandemia, es especialmente demoledor si tenemos en cuenta que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa en 2018 a lomos de una moción de censura a Mariano Rajoy contra la “corrupción”, en alusión a la “trama Gürtel”. En este punto, el Ejecutivo se juega su crédito, en el tratamiento y reacción que se haga ante una causa que ya afecta al que fuera máximo dirigente del Ministerio de Transportes y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos. Los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) le otorgan un papel “relevante” y de “responsabilidad” dentro del entramado criminal.
En una primera reacción, después de que se conociera el contenido de dicho informe y que el juez que investiga la causa haya pedido al Congreso que confirme si Ábalos es diputado, paso previo a la imputación, la actitud del Gobierno y del PSOE era marcar distancias con el que fuera ministro y número tres del partido. “Está fuera”, resumen tajantes las fuentes consultadas, que exhiben su salida del Ejecutivo en 2021 y, más recientemente, la puesta en marcha de una auditoría por parte del actual titular de la cartera, Óscar Puente para depurar cualquier responsabilidad de los cargos que aún continuaban en el ministerio. Se trata, por tanto, de levantar un cortafuegos, ante la preocupación de que nuevas informaciones puedan colocar al Gobierno en una situación todavía más comprometida. Fuentes oficiales del Ejecutivo tratan de trasladar tranquilidad. “Cero preocupación”, dicen, pero el nerviosismo es notable. “Vamos a esperar a ver cómo evoluciona todo”, se muestra prudente un miembro del Gabinete.
A nivel de partido, la fuentes de la dirección consultadas recuerdan también que a Ábalos se le suspendió “de inmediato” de militancia cuando comenzaron a trascender noticias de su presunta implicación y se le expulsó del Grupo Parlamentario Socialista. Todo, en un ejercicio de “ejemplaridad”, presumen, que no se ha dado en otros casos dentro del propio PSOE, como tampoco del PP, denuncian. El propio Ábalos ha intentado en varias ocasiones –la última este mismo mes de octubre– forzar su reingreso en el partido, pero ahora, anticipan desde la dirección, esto no se va a producir y la expulsión acabará materializándose. La actitud inflexible frente a quien fuera su secretario de Organización no aplaca el malestar interno. “Se actuó de inmediato, pero la sensación es que todavía queda mucho por salir”, dicen en el partido.
Otro dirigente muestra su desasosiego por la imagen de colapso que traslada el Ejecutivo. Al “caso Begoña Gómez” y las cesiones a los nacionalistas vascos y catalanes se suma ahora una cuestión muy sensible y que afecta al núcleo fundacional de Sánchez. “Ábalos fue quien intervino en la moción de censura a Rajoy”, recuerda otro dirigente, que no oculta la ingente cantidad de información interna que ha manejado el exministro por sus distintos puestos de responsabilidad.
Otras fuentes gubernamentales, por su parte, se abonan a la prudencia y se muestran partidarios de que avancen las investigaciones y su disposición a colaborar en lo que sea preciso para que se esclarezcan los hechos. Esto en privado, porque en público, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, desvió la cuestión, señalando que “un informe concluyente” argumentaba que el rescate de Air Europa era “ajustado a la ley” y que “se pudieron salvar muchos puestos de trabajo”. “Se ha procedido al pago de 42 millones, sólo en concepto de intereses, y se está al corriente del pago”, afirmó desde la sala de prensa de La Moncloa sobre este préstamo.
