La concesión del tercer grado a dos matarifes de ETA, de esos «gudaris» vascos que disparaban a hombres y mujeres indefensos, en una consulta médica o a la puerta de su domicilio, delante de los hijos, puede ser perfectamente legal, es decir, ajustada al Reglamento penitenciario y, como no estoy en condiciones, ni me apetece, de bucear en un asunto que depende de las opiniones subjetivas de los responsables –mucho más en estos tiempos en los que el Gobierno ha hecho de una parte de la Fiscalía su «criada para todo»– daremos por buenas las afirmaciones de la consejera socialista de Justicia, María Jesús San José, de que todo se ha hecho de una manera jurídicamente aseada, aunque se trate de tipos especialmente repugnantes. Ya hemos visto casos de violadores reincidentes puestos en libertad por mandato legal y hemos tenido que aguantarnos, que así es la ley. Ahora bien, lo que no es de recibo es que el Ejecutivo socialista permita que se extienda la idea entre la opinión pública, como si fuera una cosa normal, que las puestas en libertad de etarras, los terceros grados, los traslados de prisión y la concesión de beneficios penitenciarios forman parte de los acuerdos de investidura firmados con Bildu, como deja entrever Arnaldo Otegui cada vez que tiene que justificar ante los suyos la entrega del Movimiento Vasco de Liberación Nacional al sanchismo, que ya me dirán si para eso hemos hecho una guerra, porque, de momento, lo de la república vasca , leninista y autogestionaria no parece que esté, precisamente, a la vuelta de la esquina. No sé qué es peor, si tragar para que salgan del mako unos tipos amortizados que se han comido décadas de trena y ya sólo están para el aurresku de homenaje, esa cosa con kalimocho y tal, o pasar a ser la vanguardia de los movimientos LGTBI, del ecopacifismo, del animalismo y demás liberaciones, que es en lo que han quedado los antiguos batasunos, esos que iban a poner de rodillas a los españoles y traer la independencia de las Vascongadas, con Navarra y el sur de Francia en el lote. Pero a lo que íbamos, señor presidente del Gobierno. Los presos de Eta no son sus rehenes. Los presos de Eta son unos asesinos en serie convictos de terrorismo, juzgados y sentenciados por la Justicia de acuerdo a las leyes vigentes en un Estado de derecho y, por lo tanto, no pueden ser objeto de chantaje ni de canje por razones políticas. Los presos de Eta serán unos desalmados pero les amparan las leyes vigentes, como a cualquier otro condenado, y deben ser tratados por igual. Cuando les toque salir del mako, pues saldrán. Y cuando les toque el tercer grado, pues lo obtendrán, porque es lo que dice la ley y no porque usted, señor presidente, necesite los votos de Otegui y compañía para que no le naufrague la legislatura. Las democracias, al contrario que las dictaduras o los grupos terroristas, no toman rehenes con los que negociar ni guardan presos políticos. Que Otegui insinúe que cada una de las votaciones a su favor en el Congreso cobra ese precio, es una indignidad que debería, por sí sola, invalidar cualquier acuerdo. Su mera presunción encanalla a un pueblo, como el español, que durante décadas aguantó a pie firme el azote del terror, confió en sus leyes y en sus fuerzas de seguridad, y ganó la batalla por la libertad y la democracia. Más de 800 cadáveres, hombres, mujeres y niños, así lo atestiguan.
