La batalla parlamentaria entre el PSOE y el PP llega, incluso, a aquellos temas en los que, sobre el papel, están de acuerdo. Ambos partidos han presentado, para su toma en consideración, sendas proposiciones de ley para modificar la ley general penitenciaria, de 1979, con un mismo objetivo: que los funcionarios de prisiones pasen a ser considerados agentes de la autoridad, una antigua aspiración del colectivo por la que se agravarían las penas para aquellos que atenten contra su integridad y daría a su testimonio presunción de veracidad. En abril, el Senado ya aprobó la propuesta del PP en este sentido con amplísima mayoría ―con el voto favorable de los socialistas y solo tres votos en contra y 11 abstenciones― y este martes el Congreso debatirá y votará la del PSOE. Pese a que los textos de ambas son muy similares, el PP aún no ha hecho público cuál será el sentido de su voto ante la iniciativa del partido del Gobierno. La medida afectaría a cerca de 30.000 funcionarios de las tres administraciones con competencias penitenciarias: la central, la catalana y la vasca.
