El Tribunal Internacional de Justicia de Naciones Unidas (TIJ) constató el pasado mes de julio lo que todo el mundo podía ver y entender desde hace décadas: que la ocupación y la colonización israelí de Cisjordania y Jerusalén Este son una violación del derecho internacional, como lo es también el régimen discriminatorio que la potencia ocupante aplica a los palestinos. Lo primero es un constante robo de tierra dirigido a, entre otras cosas, hacer inviable la solución de los dos Estados respaldada por la ONU. Lo segundo, un tipo de apartheid. En su opinión consultiva, que es un documento de altísimo valor jurídico pero no una sentencia vinculante, el TIJ reclamó a Israel que termine la ocupación y repare los daños, así como a la comunidad internacional que se active para impedir que este abuso siga. Pero el uno sigue, y la otra sigue dejando.
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