Mientras los ciudadanos acuden a las urnas en los 27 Estados miembros, la incertidumbre política se cierne sobre el continente. Por primera vez, los partidos de extrema derecha, contrarios al “establishment”, pueden hacerse con cerca del 20% de los escaños del próximo Parlamento de la UE. Los mismos partidos gobiernan -directa o indirectamente- más de una docena de Estados miembros de la UE. Entre ellos se encuentran algunos Estados fundadores de la UE, como Italia y los Países Bajos, donde con el tiempo han ganado una respetabilidad sin precedentes y hasta hace poco inconcebible. Sin embargo, aún no se ha producido el mismo proceso de normalización en la UE aunque probablemente se produzca. No obstante, se desarrollará de manera diferente que a nivel nacional, debido a algunas características estructurales y políticas únicas de la UE.
En primer lugar, el presidente de la Comisión Europea, que será designado por los Jefes de Estado y de Gobierno reunidos en el Consejo, no está obligado jurídicamente ni se espera políticamente que forme una mayoría política claramente definida antes de la votación en el Parlamento Europeo. Del mismo modo, no se espera que los nuevos miembros electos elijan bando antes de las elecciones, e incluso si sus propios partidos políticos se lo piden, votarán en secreto. Esto explica por qué en 2019 Von der Leyen no consiguió el apoyo de todos los eurodiputados de los partidos mayoritarios que la respaldaban, y obtuvo en cambio los votos de aquellos -como el PiS polaco- que se suponía que no debían respaldarla. Como resultado, la próxima Comisión de la UE no contará con una mayoría permanente, sino de geometría variable, lo que a su vez definirá la elección del candidato a presidente.
En segundo lugar, el Parlamento de la UE ni es «europeo» ni es un Parlamento propiamente dicho. No es europeo en la medida en que sus miembros pertenecen a partidos políticos nacionales -no de la UE-. Aunque los electos entrantes pueden afiliarse a grupos políticos de la UE, estos grupos son ideológicamente heterogéneos y no pueden garantizar un apoyo político permanente a ningún candidato a presidente. El Parlamento europeo no es un Parlamento, ya que carece de iniciativa legislativa, que corresponde en cambio a la Comisión de la UE. Esto significa que, aunque los partidos de extrema derecha puedan reunirse en un solo grupo -frente a los dos grupos actuales de ECR e ID-, esto por sí solo no podrá definir la dirección política de la Unión. La extrema derecha no podrá proponer legislación, sino simplemente retrasar o detener las propuestas de la Comisión Europea, que se espera que siga en manos de los partidos mayoritarios. En política exterior, el Parlamento Europeo tiene aún menos prerrogativas, por lo que ni siquiera un gran contingente de partidos de extrema derecha podrá cambiar mucho las cosas.
Estas características estructurales de la UE parecen limitar en gran medida la capacidad de la extrema derecha, aunque se una, para redefinir la futura dirección de la UE.
Otros dos factores parecen ensombrecer la posibilidad de que la extrema derecha lleve la voz cantante en la UE.
La idea de unir a los partidos de extrema derecha de toda la UE es un viejo sueño, del que fueron pioneros Farage, Le Pen y Wilders hace más de 20 años. Sin embargo, nunca se hizo realidad. No sólo esos partidos son intrínsecamente incompatibles entre sí -piénsese en su postura opuesta sobre Rusia-, sino que además su propio enfoque nacionalista les impide cooperar más allá de las fronteras. Esto sugiere que, a pesar de su auge histórico, la extrema derecha no podrá dictar las prioridades de la UE, que seguirán en manos de los partidos mayoritarios.
Sin embargo, si bien la extrema derecha no logrará el control político del proyecto de la UE, sí obtendrá, gracias a su número récord de escaños, una influencia política profunda y potencialmente desestabilizadora.
Para hacernos una idea de lo que nos espera, veamos lo que ha sucedido en los últimos meses cuando la presidenta saliente de la Comisión, sintiendo la presión de los partidos de extrema derecha de la UE y de las protestas de los agricultores, abandonó su legado: el Nuevo Pacto Verde. Lo hizo para recuperar también la confianza de su propio partido, el PPE, pero también la de muchos liberales, como el liberal alemán FDP, o la del presidente francés Macron, que pedía una «pausa reguladora del clima». Anteriormente, también hizo que la política migratoria de la UE pasara de ser un reto humanitario a una cuestión de seguridad, cooptando en gran medida el proyecto dictado por la extrema derecha.
Desde este punto de vista, estas elecciones van a acelerar un giro a la derecha que ya se ha producido en gran medida dentro y fuera de la UE, y a llevarlo a un nivel diferente.
No sólo están en juego las ambiciones climáticas, sino también la agenda más amplia de la UE, tradicionalmente integracionista. Es probable que la ampliación de la Unión, estrechamente vinculada a la reforma institucional, se ralentice o incluso se detenga bajo la influencia de la extrema derecha. El próximo presupuesto a largo plazo de la UE, que negociará el PE en 2026, se reducirá, lo que puede crear una brecha sin precedentes entre las expectativas de los ciudadanos respecto a que la UE aborde los grandes retos y los medios de que dispondrá para hacerlo.
Por tanto, un buen resultado de la extrema derecha puede darles la oportunidad de frustrar, frenando o deteniendo, la agenda integracionista de la corriente dominante. Esto es lo que está en juego en estas elecciones. Un profundo cambio de rumbo.
