La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) está cerca de la desaparición si no se llega a un acuerdo entre el Gobierno y las aseguradoras. Se trata de un organismo público dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y Función Pública encargado de prestar asistencia sanitaria al colectivo de funcionarios públicos en España.
Al ser dependiente del Gobierno, MUFACE lleva varios meses demandando una negociación en la que se planteé una subida de la prima para las aseguradoras, puesto que actualmente cuentan con pérdidas superiores a los 200 millones de euros cada año. En concreto, la idea de Muface era lograr una ampliación de la prima del 24% para poder asumir los costes que supone atender a más de 1,5 millones de funcionarios, mientras que las aseguradoras solicitaban una ampliación del 40%.
Pues bien, el Ejecutivo ha planteado que la subida sea del 14%, una cifra muy por debajo de las exigencias. Ante esta propuesta, las tres aseguradoras que ofertan sus servicios (Adeslas, Asisa y DKV) decidieron no acudir a la nueva licitación convocada al entender que se trata de unas condiciones económicas “totalmente insuficientes”.
Muface podría desaparecer: cómo van las negociaciones entre Gobierno y aseguradoras
Tras el contundente rechazo de las aseguradoras, el Gobierno ha aprobado un aumento del 17,12% en la prima del concierto para los años 2025 y 2026. Según el ministro para la Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, se trata de “la mayor subida de la historia”, por lo que confía en que se firmen los convenios. Sin embargo, a la espera de una respuesta por parte de Adeslas, Asisa y DKV, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) se ha pronunciado tildando la ampliación de la prima de “insuficiente”, ya que queda muy lejos del 24% propuesto por Muface este pasado verano.
Por el momento, el concierto tiene vigor hasta el 1 de enero de 2025, por lo que el Gobierno tiene hasta esa fecha para acordar los términos, y en caso de no cerrar un acuerdo, el organismo público podría desaparecer. Las aseguradoras tienen hasta la primera semana de noviembre para dar una respuesta a la medida puesta sobre la mesa.
Consecuencias de la desaparición
En caso de no llegar a un acuerdo entre aseguradoras y Gobierno, la mutualidad de funcionarios desaparecería, provocando graves problemas a la sanidad pública. Su eliminación haría que, a partir del 1 de enero, más de 1,5 millones de funcionarios pasen al sistema público, generando un colapso mucho más grande del que existe actualmente. Si ya de por sí la sanidad pública se encuentra altamente tensionada debido a la deficiente calidad y las largas listas de espera, la desaparición de Muface provocaría que estos problemas se agraven aún más.
En este sentido, los únicos que saldrían ganando con este sabotaje del Gobierno al régimen de Muface serían los usuarios de la sanidad privada, que verían sus centros descongestionarse en 1,5 millones de personas.
Diferencias entre Muface y la Seguridad Social
En la Ley General de Seguridad Social, las funciones de estas dos organizaciones resultan algo difusas y poco esclarecedoras, incluso en algunos apartados, no se llega a identificar los ámbitos que abarcan cada una de ellas estableciendo ciertas lagunas que pueden llevar a confusión.
Muface es un organismo público y autónomo que cuenta con el sustento del Ministerio de Hacienda y Función Pública con la Secretaria de Estado como mediadora. Entre sus funciones principales destacan la gestión de las prestaciones sociales y la asistencia sanitaria de la Seguridad Social. Sin embargo, la ocupación de este ente reside únicamente entre los funcionarios civiles.
Si es verdad que cuenta con una excepción dentro de los ciudadanos a los que se les aplica su oficio, tanto los cónyuges como los descendientes directos de las personas inscritas pueden formar parte de este registro. Hay que resaltar la exclusión de los funcionarios de la Administración de la Seguridad Social que quedan excluidos del Régimen especial de Muface.
Por el contrario, la Seguridad Social recoge al resto de los ciudadanos españoles que no tienen la posibilidad de acceder al registro de Muface. En general afecta a gran parte de la actividad privada y a los organismos públicos no relacionados con la otra modalidad. Además, no solo se limita a la gestión individual sino que repercute sobre la colectividad de las compañías y sus respectivas contrataciones, entre otras cuestiones.
