El principio de quien contamina paga es uno de los principales vectores de la política medioambiental europea. El PSOE ha incluido como un mantra este principio en sus últimos programas electorales, el último el de las europeas, en el que se comprometen a introducir «instrumentos de fiscalidad ambiental» como impuestos y desgravaciones para que «las empresas sean más respetuosas con el medio ambiente».
La propia candidata socialista, la ministra de Transición Ecológica y vicepresidenta segunda, Teresa Ribera, es una firme defensora de que se exploren «nuevos enfoques de financiación» para desarrollar la política medioambiental con una apuesta por una «financiación híbrida» y la creación de bonos verdes, además de «impuestos globales».
Sin embargo, aunque este mantra figura en al menos una docena de programas electorales socialistas desde principios del siglo y de que el PSOE ha ocupado el Ejecutivo 13 de estos 24 años, los avances en esta materia dejan mucho que desear, especialmente por la incorrecta aplicación de las políticas europeas.
La recaudación de los impuestos medioambientales cayó en 2022 –el último año disponible– hasta los 20.500 millones, que equivalen al 1,52% del PIB, el nivel más bajo al menos desde 2013, según refleja Eurostat.
España está incluso a la cola de la UE, donde la media de 2022 se situó en el 2,02% del PIB. Por detrás de la proporción española solo están República Checa, Irlanda y Luxemburgo. Más allá del número absoluto de millones anuales, la tendencia es a la baja desde 2015, cuando los ingresos fueron el 1,93% del PIB. Desde entonces ha ido descendiendo.
Con estos datos, parece claro que quien contamina paga poco en España. Y eso pese a que se observa un descenso generalizado de los impuestos ambientales como porcentaje del PIB en gran parte de los países miembros de la UE-27 en 2022 con respecto a 2021, con excepciones como Bulgaria, Rumania y Grecia.
Peajes
Un ejemplo de la confusa aplicación de los mandatos europeos en materia medioambiental es el retraso del Gobierno para trasponer la directiva 2022/362 de la Unión Europea para la descarbonización del sector del trasporte terrestre. Esta normativa, que obliga a instalar peajes en las autovías y autopistas de titularidad pública, debería haber entrado en vigor el pasado mes de marzo, pero aún no lo ha hecho.
Por ese motivo, la Comisión Europea ha abierto procedimiento de infracción contra España y otros quince socios por no trasponer la directiva que fija el uso de peajes en las carreteras para financiar el desarrollo y mantenimiento de la red viaria.
Pero no se trata del único caso, hay más. Por ejemplo, la decisión del Ejecutivo de Sánchez de recuperar el impuesto a la generación eléctrica (IVPEE) del 7%, que se aplica a las actividades de producción y suministro de electricidad y que no discrimina entre energías renovables y los ciclos combinados (contaminantes y generadores de gases de efecto invernadero).
Ahora, con motivo de las elecciones europeas, el PSOE promete una vez más “avanzar en la fiscalidad verde”, si bien no ofrece una mayor concreción y se limita a hablar de promover impuestos y desgravaciones medioambientales, “que lograrán que las empresas sean más respetuosas con el medioambiente al aumentar el coste de las actividades contaminantes e internalizar el coste social y medioambiental pertinente, dotando de mayor competitividad a las actividades respetuosas con las personas y el planeta”.
Esta imprecisa aplicación por parte del Gobierno de uno de los principios rectores de la política europea tiene consecuencias. Un estudio de la propia Comisión Europea, el incumplimiento de las exigencias de la legislación medioambiental de la Unión representa 55.000 millones de euros anuales en costes y pérdidas de beneficios, según recoge un informe del Tribunal de Cuentas Europeo.
Y es que no son siempre los sectores que generan más emisiones de CO2 los que más impuestos ambientales pagan. Según recoge un informe de BBVA sobre fiscalidad ambiental, el sector de coquerías y refino de petróleo figura entre los de mayor intensidad de emisiones de CO2 (5 kilogramos por unidad de valor agregado bruto en 2019) y los que más impuestos ambientales pagan (12,2% por unidad de VAB), mientras que el transporte marítimo, segundo sector en intensidad de emisiones (4,6 kilos por unidad de VAB), tiene impuestos ambientales que representan tan sólo el 0,2% de su VAB.
En sentido contrario, el transporte terrestre es el sector de mayor presión fiscal ambiental (12,9%) y su intensidad de emisiones se sitúa en 1,2 kilos por unidad de VAB.
Los hogares pagan casi el 50%
Los impuestos ambientales ascendieron en España a 20.529 millones de euros en 2022, lo que supuso un descenso del 3,2% respecto al año anterior, según el avance de las cuentas medioambientales del Instituto Nacional de Estadística que recoge Eurostat. En relación al total de impuestos en España, los ambientales representaron el 6,2%, frente al 7,1% de 2021.
Los impuestos ambientales se agrupan en tres categorías: impuestos sobre la energía (que en 2022 representaron el 80,6% del total), impuestos sobre el transporte (14,7%) e impuestos sobre la contaminación y los recursos (4,7%). Los impuestos sobre la energía se redujeron un 4,4% respecto a 2021, y los impuestos sobre la contaminación y los recursos un 9,5%. Por el contrario, los del transporte aumentaron un 6,8%.
Los hogares pagaron el 49,9% del total de impuestos ambientales en 2022. Las familias abonaron el 76,5% de los impuestos sobre el transporte y el 47,8% de los impuestos sobre la energía.
