Lo que está en juego no empezó en 2017. Ni con la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut. Elijamos una fecha, por ejemplo, marzo de 2006. Pocas semanas antes de que la reforma del Estatut se votase en el Congreso, la dirección de ERC anunció que dirían no. Fue la primera evidencia pública de la pugna que no ha dejado de condicionar la política catalana hasta llevarla a su colapso. Por entonces Convergència no tenía la presidencia de la Generalitat, como ahora, y en la ponencia en el Parlament había estado tensando la cuerda de manera irresponsable, como hará ahora. Pero la paradoja es que entonces el redactado final del texto lo pactó a la baja el presidente José Luis Rodríguez Zapatero con Artur Mas, que, en unas pocas horas en La Moncloa y entre pitillo y pitillo, clavó una astuta cuchillada al president Pasqual Maragall y al partido que competía por su mismo espacio en el campo nacionalista.
