No perdieron ni un minuto. Desde que a mediodía de este miércoles la Santa Sede había dado poder total sobre la comunidad y sus conventos al arzobispo de Burgos, Mario Iceta, como comisario pontificio, las clarisas cismáticas de Belorado y sus asesores se pusieron manos a la obra para lanzarse al contrataque. Una reacción que se ha traducido en una declaración inmediata de guerra judicial contra la Iglesia católica en la persona del prelado burgalés. Prueba de ello es que a las cuatro de la madrugada del jueves se plantaban en una comisaría de la Policía Nacional de Logroño la ya exabadesa, sor Isabel de la Trinidad, acompañada de otras dos religiosas y de José Ceacero, portavoz de la llamada Pía Unión San Pablo Apóstol.
El grupo se desplazó unos 70 kilómetros desde el convento porque, al parecer, no encontró ningún cuartel de la Guardia Civil más cerca que le atendiera. Una vez en la capital de La Rioja, sor Isabel interpuso una denuncia contra el arzobispo de Burgos por «violación del derecho fundamental de asociación y el principio de separación, libre separación voluntaria, así como también por abuso de poder y por usurpación de la representación legal». En estos términos se expresó Ceacero ante los medios de comunicación a las puertas del monasterio, con los papeles de la demanda interpuesta por la líder de esta comunidad monástica, que el 13 de mayo sacudió a la opinión pública tras comunicar su decisión de abandonar la Iglesia católica, negando la autoridad de cualquier Papa posterior a Pío XII y poniéndose bajo el amparo del falso obispo excomulgado Pablo de Rojas.
La denuncia, que se ratificó una hora después de llegar a la comisaría, está acompañada de un apéndice de más de cien folios. Además, está firmada por Laura García de Viedma, nombre civil de sor Isabel. «Lo que ha hecho el señor Iceta ha sido una usurpación auspiciada desde Roma, una usurpación de la representación legal de las entidades jurídicas monasterio de Santa Clara de Belorado y monasterio de Santa Clara de Derio», remarca Ceacero, que apunta que la única «representante legal es madre Isabel, mientras que Iceta está confundiendo a la gente hablando con el Derecho Canónico en la mano». «Solamente es vigente para aquellos que están bajo su jurisdicción y en el momento que salen de su jurisdicción, con una entidad jurídica, con una representación de personalidad», añade.
Desde ahí, no duda en defender que «ninguna confesión ni religión está por encima de la ley civil, y en concreto de la Constitución». «Ni el señor Iceta, ni Roma, ni nadie, puede imponer el Derecho Canónico, porque el Derecho Canónico, en España, no puede estar por encima del Derecho Civil», expone el falso sacerdote como argumento de peso para defender que las monjas continúan siendo dueñas y señoras del convento de Belorado en el que residen y del convento bilbaíno de Derio que buscan vender.
Ante un posible órdago como esta denuncia, Rodrigo Saiz García, director del Departamento de Asuntos Jurídicos del Arzobispado de Burgos, ya advirtió el día anterior de que «el derecho canónico es derecho reconocido en España y una vez que Don Mario tiene el nombramiento pontificio, las instituciones tienen que reconocer su autoridad para administrar la competencia que le ha venido a dar Roma». Además, dejó caer que, si fuera necesario, «nos irá diciendo el tiempo» si es necesario «aplicar alguna medida de fuerza desde el punto de vista judicial».
Haciendo caso omiso, una y otra vez, el portavoz de la llamada Pía Unión sostiene que hoy por hoy «las religiosas tienen los títulos de propiedad sobre el monasterio cien por cien», tumbando la teoría de que los bienes pertenecerían a la Iglesia católica, vía la Federación de las Clarisas de Nuestra Señora de Aránzazu o vía las directrices del comisario pontificio. De esta manera, según el portavoz, las monjas podrían seguir adelante con la venta del convento de Derio a ese benefactor misterioso interesado del que siguen sin aportar dato alguno. Fue precisamente cuando la Federación y el Arzobispado sospecharon de la existencia de un comprador del que no se acababan de fiar, cuando levantaron la voz de alarma ante el Vaticano y se frenó de inmediato la venta. Este veto coincide en el tiempo con el acercamiento de las monjas a la Pía Unión y con la ruptura de las monjas con Roma.
Más allá de que prospere o no la demanda, lo cierto es que esta denuncia dilatará aún más en el tiempo la solución del conflicto y, por supuesto, rompe cualquier puente de diálogo entre el Arzobispado y las monjas. A la par, permite al falso obispo Pablo Rojas y su equipo asentarse en el monasterio. De hecho, ni Rojas ni Ceacero tienen intención alguna de abandonar el cenobio, a pesar del burofax enviado por el arzobispo de Burgos donde se les prohíbe la entrada a un recinto católico, en tanto que ellos no pertenecen a la Iglesia.
