Tras más de cinco años de prórroga irregular del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), González Pons y Bolaños cerraron en Bruselas, hoy hace un mes, un pacto para su renovación y para incrementar las garantías de independencia de los jueces y de la Fiscalía General. Bueno es que finalmente se produzca la renovación. Bueno es que se incrementen las garantías de independencia. Sin embargo, el pacto no puede considerarse plenamente satisfactorio. Comienza proclamando su objetivo principal: “Para recuperar la normalidad institucional”. Como si esta se hubiera volatilizado casual o misteriosamente, y no quebrantada por una dolosa voluntad política del PP aduciendo excusas dispares. Una de estas, la más constante, era que el modo de elección de los vocales del CGPJ de procedencia judicial atentaba contra la constitucional división de poderes, porque los diputados y senadores elegían a los vocales judiciales. Los elegían de entre los previamente elegidos por los propios jueces, ya que los parlamentarios casi nunca los conocían, más que por una comparecencia formularia, fugaz y acrítica, una vez elegidos.
