Hasta cinco comunidades autónomas han aprobado o anunciado en lo que va de año regulaciones restrictivas contra la implantación de plantas fotovoltaicas en sus territorios. La Rioja ha decretado una moratoria para nuevas instalaciones; País Vasco y Aragón han creado sendos impuestos medioambientales a los parques eólicos y fotovoltaicos; Asturias tiene previsto publicar a finales de año el decreto que regulará la implantación de parques de baterías que almacenan electricidad, y Canarias quiere hacer obligatoria la participación local en las empresas que instalen los proyectos. Estas regulaciones se justifican en la protección del medio ambiente y el paisaje. Según el sector, se trata de trabas crecientes contra la energía fotovoltaica que amenazan con eliminar la ventaja competitiva de que goza España en este ámbito.
Renovables, sí, con reglas claras
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