No podía ser de otra manera. El tono balandrón le volvió a salir ayer a nuestro insigne presidente para anunciar que pasa ya de las musas al teatro. Lo tenía todo en la cabeza desde los famosos cinco días en que se retiró para barruntar si dimitía. En realidad, se apartó, pero no para dimitir, sino para organizar su contraataque contra fascistas, jueces y periodistas. Le ha fallado el resultado de las europeas, que pensaba ganaría por la mínima, para así decretar que las urnas habían amnistiado a su esposa y poder deslegitimar la investigación en curso contra Begoña por tráfico de influencias y corrupción. Claro que también en esto tenía un plan B, que ha puesto en marcha con la técnica del prestidigitador obcecado. El plan está en arrebatarle al juez Peinado el caso para evitar así que su mujer tenga que acudir al juzgado a declarar el 5 de julio. Y nada mejor que utilizar a la Fiscalía Europea, que en España está en manos de Ignacio de Lucas, persona de su confianza a través de Álvaro García, fiscal general del Estado, que le propuso para el cargo.
Eso en el plano conyugo-judicial, porque en el político la traca viene ahora, y por este orden: primero, los jueces; después, los periodistas. O todos a la vez. Va a renovar a su antojo el Poder Judicial, hurtándole primero al CGPJ la potestad de hacer nombramientos y, después, cambiando la fórmula de renovación, que quedará en manos de su mayoría raspada del Congreso, al margen del Senado.
Ya la Ley Orgánica de 1985 llevó a cabo una peligrosa mutación constitucional al instaurar un procedimiento nuevo de elección de los vocales del Consejo: en lugar de ser los jueces los titulares del sufragio activo para escoger a 12 de sus 20 componentes, todos los vocales pasaban a ser elegidos conforme a una nueva regla, según la cual la mitad los elegían los diputados y la otra mitad, los senadores. La Constitución dice que 8 miembros serán elegidos por las Cortes (4 por el Senado y 4 por Congreso), pero no la totalidad de los 20 vocales. De haber querido que fuese así lo hubiera reflejado en su letra, pero solo precisó que 8 de los 20 serían elegidos por el Congreso y el Senado, mientras que los 12 restantes «han de ser jueces o magistrados», cuyo «método de elección lo decidirá una Ley Orgánica». Hasta 1980, esos 12 jueces y magistrados eran elegidos por los jueces, pero el Gobierno de González, al grito guerrista de «Montesquieu ha muerto», cambió el método en 1985 para trasladar a las Cortes la potestad de elegir a todos.
La división de poderes en España no existe en puridad desde entonces, pues la misma mayoría que ampara al Gobierno y al legislativo nombra al Poder Judicial, si bien con la «garantía» de que para renovar a los vocales se ha de contar una mayoría de tres quintos, lo que ha obligado a socialistas y populares a pactar los nombres. El resultado ha sido malo, pues la politización está garantizada, motivo por el que el PP propone volver a un Consejo elegido por jueces y magistrados, como en la mayor parte de Europa, que gozaría de una independencia carente cuando decide la mayoría parlamentaria de turno.
Ya veremos por dónde sale Sánchez con el plan de su devoto condiscípulo Bolaños. Controlado el TC, la elección del CGPJ por la mayoría simple del Congreso equivale a entonar el definitivo réquiem por la división de poderes. Y ya decía James Madison que, aunque haya elecciones, cuando los tres poderes los controla el Ejecutivo, el resultado es una tiranía.
