El secretario general de Facua, Rubén Sánchez, ha elevado al Juzgado de Instrucción número 18 de Sevilla, que tramita una causa por presuntas injurias y calumnias del jefe de comunicación de Se Acabó la Fiesta, Vito Quiles, al propio Sánchez; un nuevo escrito en que señala insultos a la juez instructora por parte de seguidores en las redes sociales del líder de dicha formación y europarlamentario, Luis “Alvise” Pérez, descalificaciones todas ellas realizadas desde perfiles anónimos.
En su escrito, la representación de Rubén Sánchez expone a la juez instructora, que ya ha trasladado a la Fiscalía del Tribunal Supremo (TS) una serie de contenidos de “Alvise” Pérez respecto a ella misma que podrían suponer “amenazas y represión a la función jurisdiccional”; que en su canal de Telegram, el líder de Se Acabó la Fiesta ha publicado su intención de “explicar a algunos jueces” que no están “por encima de la Ley” y que él y los suyos no tienen “miedo al lawfare socialista”.
A continuación, señala una serie de comentarios por parte de seguidores de “Alvise Pérez” registrados con perfiles anónimos, tachando a la magistrada instructora de “asquerosa jueza choriza sociata” o “puta”, entre diferentes descalificaciones.
Como se informaba recientemente, la jueza instructora ha trasladado a la Fiscalía del Supremo los citados comentarios de “Alvise” Pérez con relación a ella, para que el Ministerio Público “presente la oportuna denuncia ante la Sala de lo Penal” de dicha instancia en caso de entender “delictivos” dichos contenidos, en los que Pérez atribuye a la propia magistrada “una orden criminal inaceptable”, al haber aludido por error en un auto a una orden de detención contra Vito Quiles en la mencionada causa por presuntas injurias y calumnias, extremo corregido con el requerimiento de averiguar su paradero.
En los citados contenidos difundidos, Pérez habría manifestado que en caso de no ser rectificada la resolución judicial, aludiendo expresamente a la titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Sevilla, publicaría “cosas sobre la definición del término soborno”.
Para la jueza instructora, a su entender estos comentarios podrían constituir “amenazas y represión a la función jurisdiccional”, dando traslado de ello a la Fiscalía del TS.
