Se pinchó el globo sonda. 80 días después de su periodo de reflexión, Pedro Sánchez ha comparecido hoy en el Congreso de los Diputados para presentar la anunciada agenda de regeneración democrática para luchar contra la desinformación y los bulos. Hace dos meses y medio el presidente del Gobierno oficializó que “merecía la pena” quedarse al frente del Ejecutivo y, en una intervención institucional sin preguntas, avanzó un “punto y aparte”. “Trabajaré sin descanso, con firmeza y con serenidad por la regeneración pendiente de nuestra democracia y por el avance y la consolidación de derechos y libertades”, dijo.
Sin embargo, la ambición de la propuesta, sobre la que se ha generado una expectación desmedida durante todo este tiempo, no ha aportado novedad alguna respecto a las líneas generales que el Gobierno ha ido avanzando durante estas semanas. La hoja de ruta del Ejecutivo se limita a aplicar -algo que es de obligatorio cumplimiento- el reglamento europeo sobre la libertad de los medios de comunicación que se ha aprobado recientemente en la Unión Europea con un amplio consenso de los grupos.
Sánchez no ha querido aterrizar otras prioridades más allá de hacer suyas las que propone la legislación comunitaria, tales como garantizar la independencia, pluralidad y transparencia de los medios de comunicación. “No es la misión ni la intención del Gobierno repartir carnés de fiabilidad entre los medios”, ha dicho. El Gobierno sí quiere limitar, aunque no ha precisado en qué medida, la financiación de las administraciones públicas “para asegurar que no haya partidos políticos que compran líneas editoriales con el dinero de todos los ciudadanos”. Inmediatamente, el presidente ha anunciado un paquete de 100 millones de euros de ayudas para la digitalización de los medios de comunicación que lo necesiten, con el fin de crear bases de datos, desarrollar herramientas que mejoren su productividad y calidad informativa y reforzar su ciberseguridad.
Pese a que el impulso regenerador del Gobierno nace viciado de origen y condicionado por la situación personal que atraviesa el propio Sánchez, ya que el periodo de reflexión presidencial se produjo inducido por el horizonte judicial de su esposa, Sánchez, tal como publica hoy este diario no ha avanzando en ninguna medida para clarificar el estatus del consorte al jefe del Ejecutivo. En lo que respecta al ámbito del Poder Ejecutivo, se aprobará una Estrategia Nacional de Gobierno Abierto y se presentará una nueva Ley de Administración Abierta, que amplíe y mejore la cantidad y calidad de información gubernamental. Como ya se había avanzado, el Gobierno propondrá a los grupos “reforzar los derechos al honor y a la rectificación” y una nueva reforma de la “ley mordaza” en lo que respecta a la libertad de expresión. Sin embargo, Sánchez no ha concretado el abordaje concreto que se quiere hacer de estos dos asuntos.
Ley electoral
Entre las propuestas que Sánchez sí ha lanzado a los grupos parlamentarios, con quienes iniciará en “los próximos días y semanas” una ronda de contactos para aterrizar la concreción en las medidas, sí hay novedades en lo que respecta al Poder Legislativo y al sistema electoral. El Gobierno propone endurecer las sanciones a aquellos diputados y senadores que no presenten su declaración de bienes y actividades, o que lo hagan con información falsa o incompleta. También una reforma de la Ley Electoral con un doble objetivo: “establecer la obligatoriedad de celebrar debates electorales entre los candidatos en los medios de comunicación” y una reforma de la LOREG para que todas las encuestas publiquen sus “tripas”, esto es, los microdatos y la metodología de estimación de resultados.
