Descartar la posibilidad de que una moción de censura tumbe al actual Gobierno sería una apuesta arriesgada, dada la precaria situación parlamentaria en la que se desenvuelve el Ejecutivo, especialmente amenazado por uno de sus socios de conveniencia, como es Junts. O expresado de otra forma, la presente legislatura siempre ha estado al albur de circunstancias que escapan al control de La Moncloa, un hecho que el mero voluntarismo político no puede cambiar, con los frustrados Presupuestos Generales del Estado como palmaria demostración de lo que decimos.
De ahí, a colegir que el Partido Popular estaría dispuesto a negociar con Carles Puigdemont en cualquier otro término que no fuera el reconocimiento de la legalidad constitucional, con todas sus consecuencias, es entrar en el espinoso terreno de una propaganda electoral que busca el ruido para desdibujar el debate de fondo. Una táctica conocida, que en el PSOE viene de serie, y a la que se ha apuntado Vox con indisimulado entusiasmo, buscando la pinza que más daño pueda hacer al partido rival, como, sin ir más lejos, ha sucedido en el Ayuntamiento de Sevilla, en el que socialistas y conservadores han unido sus votos contra el alcalde popular.
En cualquier caso, hay que insistir en que el gobierno que preside Pedro Sánchez está en el alambre, con la disputa de la presidencia de la Generalitat de Cataluña actuando como último factor desequilibrante, y que todo puede pasar.
Pero el debate de fondo, como señalábamos antes, está la percepción que tenga la opinión pública de los resultados electorales del próximo 9 de junio, que, sin ninguna duda, serán rápidamente extrapolados a la situación política interna. Una derrota fuerte del PSOE, que sería la tercera a nivel nacional tras las autonómicas, las municipales y las generales, demostraría la realidad de que en España opera una mayoría de centro derecha, pese a la insistencia de los portavoces gubernamentales en el mensaje de la «mayoría de progreso», que, por supuesto, no es tal, a menos que los particularísimos intereses regionales de PNV y Junts se hayan vuelto de pronto «material progresista». Al menos, lo sucedido con las leyes de la prostitución y del suelo, con los nacionalistas vascos votando en contra del Gobierno, así lo indica.
Lo cierto es que una derrota de Pedro Sánchez en las elecciones europeas, la vista la izquierda como la vista, a manos del Partido Popular causará inevitables efectos sobre la duración de la legislatura. No sólo porque demostraría la solidez del presidente popular, Alberto Núñez Feijóo, sino porque abriría aún más la brecha con los socios de gobierno, Sumar y Podemos, conscientes de que están siendo fagocitados por el sanchismo en la pugna con su adversario real. Eso es lo que está en juego, de ahí el apoyo de La Moncloa en Vox.
