Algo se mueve. Y esto se traduce inmediatamente en el estado de ánimo que se percibe en Ferraz y en La Moncloa. Las dificultades que presenta la investidura de Salvador Illa hacen que esas sensaciones pivoten por días entre el optimismo prudente y el realismo resignado. Si en un primer momento en el Gobierno y en el partido no había duda de que el candidato del PSC sería investido, dando incluso por cerrado el “ciclo electoral”, en las últimas semanas había ido ganando fuerza la posibilidad de la repetición electoral en Cataluña. En el Ejecutivo ya valoraban esta opción en sus planes más inmediatos, en lo que afecta directamente a la presentación y aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), que Hacienda quería presentar para su aprobación “en tiempo y forma” antes del 31 de diciembre del presente año.
Las distorsiones de la guerra abierta en el seno de ERC ya quedaron patentes en la negociación de la Mesa del Parlament. El PSC ofreció a los republicanos la Presidencia y pensaba que el pacto estaba cerrado y vio después cómo otra corriente acordaba darle a Josep Rull tan alta representación. La división interna y la salida de Oriol Junqueras del liderazgo, representante de la corriente más pragmática, así como residenciar la decisión última en la militancia aumentan la volatilidad de un contexto ya de por sí inestable. Esto hizo que cundiera el pesimismo. Sin embargo, ahora hay un “runrún”, según identifican fuentes socialistas, de que la negociación está fructificando. Se están cosechando avances, con contactos al máximo nivel, aunque nadie se atreve a dar nada por cerrado. “El presidente está más optimista que nunca con Cataluña”, aseguran desde el entorno de Sánchez, puntualizando que, si bien nunca ha perdido la esperanza de que Illa fuera investido, ahora esta percepción cobra más fuerza si cabe.
En el partido valoran positivamente que ERC no se haya levantado de la mesa. “Están sentados y hablando”, confirman, pese a que los republicanos enfríen este optimismo con sucesivos ultimátum, que revelan su urgencia por cerrar un preacuerdo en este mismo mes de julio. En el PSC se muestran inmunes a estas prisas y trabajan con la posibilidad de un acuerdo en el tiempo de descuento para la repetición electoral. De hecho, han delegado atribuciones a la ejecutiva para que pueda avalar con agilidad los posibles pactos, que “esperan que lleguen”. El retorno de Marta Rovira a España, tras la aplicación de la amnistía, también ha permitido dotar de “normalidad” a las conversaciones. “Se cierra una carpeta que llevaba abierta desde 2017”, señalan fuentes socialistas.
Por su parte, Illa sigue haciendo gestos desde Cataluña. Durante su intervención el pasado domingo en el Consejo Nacional de su partido en Barcelona dejó entrever que el acuerdo que consigan cumplirá una de las condiciones de ERC para la investidura: mantener la obra de gobierno del ejecutivo de Pere Aragonés. “Priorizamos un buen acuerdo para hacer avanzar a Cataluña, no un acuerdo para desmontar nada”, aseguró. Más allá de las carpetas de la financiación singular, el “conflicto político”, la lengua y las infraestructuras –asuntos que Illa no mencionó–, ésta es una de las prioridades de la negociación de Esquerra, que se traduciría en mantener algunos cargos intermedios del Govern y no enmendar la plana a la política de los republicanos de estos tres años. Los socialistas no se oponen a dar encaje a estos cuadros e Illa garantizó que “contará con todo el mundo” para “construir sobre lo que ya se ha construido”.
En clave de financiación, el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que se celebró ayer volvió a quedar opacado por la posibilidad de que se satisfaga la “singularidad catalana”. En esta cuestión está residenciado el nudo gordiano de la negociación para la investidura de Illa que, en todo caso, no se abordará en los términos que demanda ERC, que busca un encaje en la excepcionalidad constitucional del concierto vasco y navarro. En el PSC, que es quien está liderando las negociaciones, ya se han abierto a explorar -en los márgenes de lo que prevé el Estatut y ha avalado el Tribunal Constitucional- el consorcio tributario. Una fórmula que pudiera ser extensible, además, a otro territorios como Andalucía o la Comunidad Valenciana para evitar generar asimetrías territoriales.
