La Junta de Andalucía volvió a responder ayer con dureza al Gobierno de España y, en particular a la vicepresidenta María Jesús Montero, que había dicho el miércoles que el acuerdo con Cataluña será «muy bueno» para Andalucía y para todos. Así, el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, acusó a la también ministra de Hacienda de «tomar el pelo» a los andaluces o creer que son todos «tontos» para admitir que un reparto desigual asimétrico de los recursos va a favorecer a esta tierra y que el acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) para la investidura del socialista Salvador Illa como presidente de la Generalitat no supone un «concierto económico» o una «reforma al uso del sistema de financiación autonómica».
Sanz atendió a los medios al asistir en Jerez de la Frontera (Cádiz) a la salida de la sexta etapa de La Vuelta y aseguró que las palabras de Montero en Rota fueron «un insulto a los andaluces» y pidió que dejara de hacerlo porque «sabemos lo que es un concierto económico, lo que es el cupo, y sabemos lo que es una financiación singular y, por tanto, privilegiada de Cataluña frente al resto de las comunidades autónomas; negar eso es tomarnos el pelo», sentenció.
«No vamos a permitir que tengamos una vicepresidenta, que además es andaluza, que antes defendía lo contrario, que hoy defiende privilegios contra Andalucía. Por lo tanto, le pedimos que deje de insultar, que no nos tome por tontos a los andaluces, que son muy insultantes sus palabras», insistió,. La Junta prevé que el acuerdo con ERC perjudique «de manera muy grave los servicios públicos en Andalucía».
A su juicio, cada día es «más incompatible» defender a Pedro Sánchez «y defender a Andalucía». Y consideró que Montero «ha decidido apoyar a Sánchez contra Andalucía.
La Junta considera «inconstitucional» el referido pacto, pues «rompe el principio de solidaridad interterritorial, el principio de igualdad de oportunidades y, desde luego, rompe y pone en peligro la fortaleza constitucional de nuestro Estado».
Los miembros del Gobierno de Juanma Moreno insisten en animar a los andaluces «a que nos rebelemos claramente».
Esa rebelión tendrá en septiembre los tres frentes abiertos: el político, que se ve a diario con las manifestaciones de los dirigentes populares; el jurídico que se producirá a través de los recursos de inconstitucionalidad pertinentes; y en la calle, con movilizaciones ciudadanas que se convoquen. «Este atropello no se puede permitir, porque esta decisión pone en peligro servicios públicos» como «la educación, la sanidad, los servicios sociales y la dependencia». Las comunidades autónomas «más necesitadas claramente nos vemos perjudicadas», teniendo en cuenta además que «ya tenemos un sistema de financiación absolutamente injusto».
La ministra «negó la posibilidad de que Andalucía tenga un fondo de nivelación transitorio hasta que exista un nuevo sistema de financiación», y «eso es muy grave, porque ella fue la que», como consejera de Hacienda, «promovió en el Parlamento de Andalucía un acuerdo en el que se solicitaba ese fondo y 4.000 millones al Gobierno».
