Un operativo policial ha logrado liberar a 21 mujeres, la mayoría de origen latinoamericano, que eran explotadas sexualmente en pisos de varias provincias de España. En total hay nueve detenidos, seis de ellos en la Comunidad, cinco en Ourense y uno en A Coruña. Las otras tres personas arrestadas se encontraban en Burgos, Cuenca y Madrid.
Las mujeres eran captadas en sus países de origen, y una vez en España eran forzadas a prestar servicios sexuales para saldar la deuda contraída que ascendía a 7.000 euros. La organización criminal desarticulada presuntamente llegó a vender a algunas de sus víctimas a otros tratantes por cantidades cercanas a los 1.000 euros.
La investigación policial comenzó a raíz de una información recibida que alertaba de la llegada a España de una presunta víctima de trata de seres humanos captada en su ciudad natal por una organización criminal dedicada a la explotación sexual de mujeres.
Las pesquisas realizadas por la Policía Nacional permitieron localizar a la víctima y confirmar la existencia de dicha organización criminal, ubicada en diversas provincias y dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y a la prostitución coactiva.
Las víctimas del entramado desarticulado eran mujeres en situación de gran vulnerabilidad que viajaban a España con el objetivo de mejorar sus condiciones de vida. Los explotadores las proporcionaban reservas de hotel en Madrid, seguro médico de viaje y vuelo de vuelta a su ciudad natal a fin de simular su condición de turista, y las instruían sobre cómo comportarse en frontera para no levantar sospechas ante las autoridades españolas.
Los investigadores localizaron varios pisos prostíbulos gestionados y controlados por la organización criminal repartidos por distintas localidades del territorio nacional donde las mujeres eran forzadas a ejercer la prostitución. Las víctimas se hospedaban en los pisos durante un tiempo determinado hasta que eran trasladadas entre las diferentes provincias. Ejercían la prostitución durante todo el día y el beneficio obtenido era repartido al 50% con el entramado.
La organización criminal vendía a las mujeres que trabajaban para el entramado por 1.000 euros a otros tratantes antes de ser explotadas o una vez que ya habían sido explotadas por la misma organización.
