La frase «En la guerra, la primera víctima es la verdad» es atribuida al senador estadounidense Hiram Johnson, aunque, como nos recordaba el Premio Nobel Pérez Esquivel, ya fue utilizada por Esquilo en la antigua Grecia. A ello añadiría que, en un ambiente de fuerte polarización política, la segunda víctima es la justicia. La frase resuena profundamente en la actualidad política española, donde la polarización se ha vuelto un fenómeno dominante. En este contexto, la justicia se convierte en víctima, algo que se evidencia en la reciente controversia que envuelve al gobierno de la Nación y a su presidente con actuaciones judiciales. Misivas epistolares, como las que hemos tenido oportunidad de leer en los últimos tiempos y en las que se critica abiertamente a un juez, originan una situación cuando menos compleja. En la última, cargada de indignación y alegaciones sobre la parcialidad del juez, se puede observar sin mucha dificultad cómo la polarización política puede erosionar la confianza en el sistema judicial. Las críticas a las resoluciones judiciales, basadas en cuestionamientos técnicos o incluso el simple desacuerdo con las mismas, deben ser aceptadas como algo normal en una democracia donde la libertad de expresión y opinión son dos de sus sostenes esenciales. Ahora bien, cuestionar decisiones judiciales calificándolas de auténticas persecuciones y señalar un sesgo político en la actuación del juez ya no pueden ser asumidos con la misma naturalidad.
Actuaciones como estas plantean serias preguntas sobre el respeto a la separación de poderes en España, pudiendo trasladar a la ciudadanía la percepción de que el poder político puede influir o intentar influir en procesos judiciales, poniendo en tela de juicio la independencia de los tribunales. El sistema judicial, uno de los pilares fundamentales de la democracia, debe mantenerse imparcial y alejado de las presiones políticas. Sin embargo, en un ambiente de alta polarización, los límites entre los poderes del Estado se difuminan, y las acusaciones de interferencia y parcialidad se convierten en armas arrojadizas en el campo de batalla político. Esta situación no es nueva en la política española, pero su intensidad es inédita y su desmesurado empeño polariza aún más a la sociedad. Cada acusación o cada defensa vehemente contribuye a una creciente desconfianza hacia la justicia, percibida por muchos como un instrumento politizado.
Estamos ante un fenómeno global: la tendencia de líderes políticos a deslegitimar a la judicatura cuando los fallos no les son favorables. Este patrón, visto en diversas democracias del mundo, socava la confianza pública y puede tener consecuencias duraderas para el estado de derecho. En medio de este turbulento escenario, es crucial que la sociedad civil y los medios de comunicación actúen como vigilantes de la democracia. El periodismo tiene la responsabilidad de reportar con precisión y objetividad, evitando convertirse en un peón en el juego de la polarización política. La sociedad, por su parte, debe exigir transparencia y responsabilidad tanto de sus líderes políticos como de sus instituciones judiciales. Nos jugamos mucho en ello, pero mi confianza en la madurez e inteligencia colectiva de la sociedad española me genera bastante tranquilidad y optimismo.
