El responsable financiero de Adif advirtió el mismo día de la firma del contrato a favor de Soluciones de Gestión que el riesgo de solvencia de la empresa de la “trama Koldo” era de 3/10 (siendo diez la máxima calificación de solvencia en el baremo) y que el riesgo de impago era “alto”. Así consta en un correo remitido el 27 de marzo de 2020 a varios altos cargos del gestor de infraestructuras ferroviarias y que ha sido aportado al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno por el exresponsable de Personal de Adif Michaux Miranda, imputado en la causa y que fue cesado por el ministro Óscar Puente a raíz de la investigación judicial. Según asegura su defensa al magistrado, esos correos acreditan la “absoluta irrelevancia de los hechos” que se imputan al ex alto cargo de Adif. Con ellos pretende rebatir las conclusiones de la auditoría encargada por el ministro Óscar Puente.
En ese correo, Manuel Fresno -que declaró como testigo el pasado 16 de septiembre en la Audiencia Nacional- remite a sus compañeros los informes recabados sobre Soluciones de Gestión -a la que se adjudicó el contrato de 12,5 millones de euros- y otra de las candidatas, Innjoo Technology, a las que califica como “empresas de reducidas dimensiones”. En esa misiva, reseña que la empresa domiciliada en Zaragoza cuenta con entre dos y cinco trabajadores y que acumula impagos.
En esa sucesión de mensajes remitidos al instructor el abogado de Miranda incluye un borrador de propuesta para la adquisición de cinco millones de mascarillas por parte de Adif, en ejecución de la orden ministerial, en el que se preveía la adjudicación de un lote de tres millones de unidades a Innjoo Technology y otro de dos millones a Soluciones de Gestión. Finalmente, 24 horas después Adif adjudicó a esta última el contrato para el suministro de cinco millones de mascarillas.
En ese intercambio de correos queda claro que Adif se puso en contacto con el Ministerio del Interior, que había encargado material sanitario a Innjoo. “Este finde semana llega la primera parte del suministro (luego son muy rápidos), y esa empresa también lo realiza para las comunidad autónoma de las Islas Baleares y Melilla”. “Si son fiables, mas rápidos y mas baratos yo lo haría todo con ellos. Me intranquiliza bastante trabajar con una empresa en mora”, traslada el responsable financiero del organismo público a sus compañeros, expresando sus recelos respecto a Soluciones de Gestión el mismo día en que se produjo la adjudicación a su favor por indicación del ministerio.
Un día antes, los correos dejan traslucir que en Adif preocupaba otra cuestión: el anticipo del 50% que imponía Soluciones de Gestión (en realidad un aval bancario con el que poder tranquilizar a los proveedores chinos). El 26 de marzo, y tras hablar con “la SGT del Mitma” (la Secretaría General Técnica del Ministerio de Transportes), el secretario general de Adif, Guillermo Martínez de Simón, traslada a sus compañeros, entre ellos el propio Michaux Miranda, que en el ministerio le han dejado claro que “la orden comunicada para adquirir mascarillas no excluye anticipos, y por eso Puertos del Estado ha hecho anticipo”, por lo que Transportes se negaba a recoger expresamente este hecho en la orden ministerial que avalaba la adjudicación “ante las dudas que le transmitimos de que se recogiese expresamente”.
“El derecho al abono del precio nace con la entrega, y por eso mañana cuando se entreguen las mascarillas se levantará acta minuciosa de todo lo que se entregue para determinar los derechos y obligaciones de cada una de las partes”, intentaron tranquilizarles desde el ministerio. “La expresión utilizada según ella precisamente nos protege más, porque supone en el fondo una condición, en el sentido de que aunque te haya pagado anticipo si no se entrega y recibe formalmente no nace su derecho al cobro, de forma que incluso en un estado de alarma además de las acciones civiles podemos ejercer las penales. De ahí la importancia de la recepción”.
Sin embargo, los albaranes de entrega y actas de recepción de millones de mascarillas brillan por su ausencia, lo que ha llevado al juez -a instancias de la acusación popular que ejerce la Asociación Liberum- a citar a declarar como testigos en relación a este asunto a Rafael Milla, propietario de Raminatrans, la empresa de logística que se encargó de repartir las mascarillas una vez llegaron en avión desde China; a Jorge Meaba, jefe del área de Presupuestos y Contratación de la Dirección General de Transportes; y a Julio González, secretario general de Correos, la sociedad estatal que recepcionó parte del material sanitario.
En todo caso, Adif no consiguió que el ministerio que entonces dirigía José Luis Ábalos rectificase en relación a ese anticipo del 50%, sobre el que el propio Fresno aseguró al juez según fuentes jurídicas que no recordaba un contrato firmado con esa condición. “Manuel yo lo he intentado… por si quieres discutir con ella, tiene sentido lo que dice, pero en condiciones normales no sería suficiente”, le matiza un alto cargo de Adif. “¡Uff! Seguro que es así, pero nosotros que lo habíamos leído habíamos llegado los 5 a la conclusión contraria”, replica el director financiero.
La defensa de Miranda solicita al instructor que reclame a Adif “las causas de resolución del contrato” suscrito con Innjooo Technology para el suministro de un millón de mascarillas FFP2, “aportando la documentación relativa a dicha resolución contractual”. Además, quiere que el organismo público especifique la documentación que aportó al Ministerio de Transportes para la elaboración de la auditoría encargada por Óscar Puente, “con expresa referencia sobre si se facilitó la información relativa a la resolución del contrato” con Innjoo. El investigado pretende que Adif también facilite las actas de los consejos de administración celebrados el 31 de marzo y el 28 de abril de 2020 “en todo lo relativo a las declaraciones de emergencia” relacionadas con Soluciones de Gestión e Innjoo Technology, así como el acta de la reunión del Comité de Contratación del 21 de abril.
La defensa del exjefe del área de Personas de Adif hace hincapié en su escrito en que, según el Tribunal de Cuentas, Adif fue la entidad “que pagó el precio medio más bajo por las mascarillas, a 2,37 euros la unidad, en adquisiciones realizadas a finales de marzo de 2020”.
