Los partidos que conforman la coalición de Gobierno han cosechado hoy una nueva derrota parlamentaria. El Pleno del Congreso ha rechazado este jueves una iniciativa de Sumar para que las empresas tengan que informar de sus beneficios a la hora de negociar un convenio colectivo y así los sindicatos y la patronal tuvieran igualdad de condiciones en términos de transparencia.
Aunque Sumar había estado negociando con Junts una enmienda transaccional, finalmente se ha votado el texto en sus términos originales y no ha salido adelante. El PP, Vox y UPN han votado en contra, mientras que PNV, Junts y Coalición Canaria se han abstenido y el resto de formaciones han apoyado la propuesta, dejando un resultado final de 171 “noes”, 165 “síes” y 13 abstenciones.
Así las cosas, la Cámara Baja ha rechazado la propuesta para crear un sistema de información económica que pusiera a disposición de los negociadores información oficial, actual, completa y simétrica para trabajadores y empresa. Para diseñar el sistema, Sumar proponía un convenio de colaboración entre los Ministerios de Hacienda, Seguridad Social y Migraciones, y Trabajo y Economía Social para que la Agencia Estatal de la Administración Tributaria liderara, junto con la Tesorería General de la Seguridad Social y la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos, la publicación trimestral de la información económica incluida en el Observatorio de Márgenes Empresariales, según informa Ep.
La derrota de hoy se suma a las cosechadas la semana pasada por el Gobierno. El martes día 21, la Cámara tumbó la toma en consideración de la proposición de ley para prohibir el proxenetismo. Sólo dos días después, el Ministerio de Vivienda retiró del orden del día la votación de la reforma de la Ley del Suelo una vez que había constatado que no contaba con la necesaria abstención del PP para sacarla adelante. El Ejecutivo argumentó entonces que prefería continuar negociando la norma fuera de la Cámara y tras las elecciones europeas dado que, según afirmó, los populares no habían mostrado altura de miras y habían preferido no conceder cualquier victoria a los socialistas en la víspera de unos comicios en lugar de aprobar una ley muy demanda por el sector.
Debate
Durante el debate de la proposición, el portavoz de la Comisión de Trabajo del PSOE, Alberto Mayoral de Lamo, ha defendido que en la práctica supone poner en manos de las organizaciones sindicales la información necesaria para acometer una negociación “justa, transparente y efectiva”. Es más, ha incidido en que la propuesta “no es un capricho” ni tampoco una “concesión política”, sino una necesidad y un “paso adelante” en la lucha por una negociación colectiva “justa y equitativa”.
Por su parte, el portavoz económico de Sumar en el Congreso, Carlos Martín, ha alegado que con este sistema sindicatos y patronal se quedarían en igualdad de condiciones en términos de transparencia, sobre todo después de un período de beneficios “excesivos” en algunos sectores a raíz de la crisis energética de 2021.
El diputado de Vox por Alicante, David García Gomis se ha mostrado reacio a la iniciativa, a la que ha tachado de “receta para el desastre” por varios motivos. El primero de ellos porque implicaría una recolección “masiva” de datos sensibles sin tener garantías suficientes de que no hay riesgo de posibles filtraciones o un uso indebido de la información. Pero también ha criticado la complicidad administrativa entre ministerios que propone Sumar para estructurar el sistema y la posible “resistencia de las partes implicadas” a otorgar esa información, sobre todo desde unas empresas que están “abrumadas” por las regulaciones.
La diputada del PP por Cáceres, Cristina Teniente ha dicho que una propuesta de este calado la tienen que asumir sindicatos y patronal dentro del diálogo social y no el socio minoritario del Gobierno.
