Unos meses antes de que acabase el curso, Mónica (43 años) recibió un burofax de la escuela de sus dos hijos en el que la dirección le comunicaba que en septiembre no habría plaza para ellos por “diferencias insalvables en torno a la tecnología”. Ella, que ha hecho todos los esfuerzos posibles para que en su casa no se consuman pantallas, se mosqueó cuando sus hijos (menores de siete años) llegaban a casa y le contaban que habían aprendido con vídeos en el cole. Mónica inició conversaciones con el director del centro, un privado de Madrid, para tratar de entender la razón pedagógica de ese visionado. No la encontró. Esa tensión se disparó cuando se enteró de que les habían creado cuentas en gmail sin su consentimiento expreso. Fue cuando decidió recurrir a la Agencia Española de Protección de Datos, que tiene el caso en estudio. “Cuando se enteraron, me mandaron el burofax y alegaron que habíamos incumplido el reglamento del colegio, ¿de verdad una madre no puede defender los derechos de sus hijos?”, cuenta desanimada en una cafetería de Madrid.
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