Lo dijo Miguel Delibes después de dimitir al frente del Consejo de Participación de Doñana: «Se sigue extrayendo el mismo agua». En la contienda electoral, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, anunció el cierre de 407 pozos ilegales en el entorno del Parque Nacional antes de que terminara 2023. El balance real fue que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) no llegó a clausurar ni la mitad de los prometidos. Esta medida es la principal exigencia impuesta por al Tribunal de Justicia de la UE, que condenó a España por no tener en cuenta las extracciones de agua ilegales y las destinadas al abastecimiento urbano en la estimación de los bombeos de agua subterránea de la comarca de Doñana. El Ministerio informa ahora del cierre de 450 pozos ilegales y de que la teledetección de cultivos bajo plástico ha reducido en un 42% las hectáreas ilegales en Doñana desde 2020.
La publicación de los informes de seguimiento de la Oficina Técnica de Doñana del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico sobre sus marcos de actuaciones medioambiental y socieconómico para la recuperación del ecosistema andaluz arroja «importantes avances» en ejecución y presupuesto comprometido, recoge Ep. Del Marco de Actuación medioambiental presentado por la ministra del ramo, Teresa Ribera, en noviembre de 2022, ya se han ejecutado 47 millones, lo que lo que representa un 13% del presupuesto global, que asciende a 356 millones de euros.
Con las distintas actuaciones, se ha logrado reducir las extracciones de aguas subterráneas en unos 15 hm3/año, al tener operativo el trasvase de aguas superficiales desde la demarcación hidrográfica del Tinto, Odiel y Piedras hacia la demarcación del Guadalquivir para abastecimiento y regadío, que ha permitido la clausura de 450 pozos legales, lo que representa un alivio de 7,36 hm3/año. Se suma la recuperación de 6,8 hm3/año de concesiones de riego.
Además de la clausura de 450 pozos legales, el informe destaca que el cierre de pozos en procedimientos de ejecución forzosa ha venido acompañado de la ejecución de medidas cautelares de precintado de tomas en el seno de procedimientos sancionadores, cuyo objeto es impedir la continuidad de la infracción (derivación ilegal de aguas). El número total de tomas precintadas cautelarmente a fecha julio 2024 asciende en la actualidad a 59. La superficie ilegal estimada que riegan estas tomas es de unas 155 hectáreas y el volumen derivado 814.256 m3 /año. Asimismo, se han mejorado los sistemas de teledetección espacial de cultivos bajo plástico, que refuerzan las inspecciones de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Los últimos datos reflejan 707,04 hectáreas de cultivos de este tipo en presunción de ilegalidad al encontrarse fuera de la ordenación, frente a los 1.225,76 hectáreas de la campaña de primavera de 2020, lo que supone un 40% menos. Además, gracias a la incorporación de la inteligencia artificial en el sistema, se permitirá disponer de datos de cultivos en tiempo real con actualización de cada cinco días.
El director de la Oficina Técnica de Doñana, Emilio Rodríguez, destacó la «activa ejecución del presupuesto en la línea 6 del marco, de mejora del saneamiento y depuración en el entorno de Doñana», con obras de adecuación del tratamiento en la EDAR de Sevilla, en las depuradoras de Isla Mayor y Gerena, en la EDAR de Lucena del Puerto, y los avances de tramitación para Escacena del Campo y Burguillos. Las ayudas de diversificación agraria, para reconvertir cultivos de regadíos en actividad de secano, ecológico o gestión forestal, tendrán un presupuesto de 28,5 millones en una primera convocatoria este año. «La gran recepción tras las distintas reuniones con las asociaciones agrícola nos ha animado a aumentar el presupuesto de esta primera convocatoria», señaló Rodríguez.
Según recoge Ep, el director de la Oficina Técnica de Doñana también confirma la convocatoria este año de 11,5 millones de euros para impulsar aquellos «proyectos de buenas prácticas» en el ámbito agrícola, ganadero y forestal, los cuales «merecen el apoyo de la administración para fomentar una actividad económica dinámica y sostenible con la salud medioambiental de Doñana».
