El objetivo de la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, de tener a pleno rendimiento el nuevo sistema de cotización sobre ingresos netos reales de los autónomos en las fechas programadas por el Ministerio –que tenía previsto tener los datos actualizados a partir del próximo mes de noviembre– se aleja y complica el cumplimiento del proceso de regularización de estos cotizantes, que debería quedar resuelto como fecha máxima en marzo del año 2025, como comunicó el propio secretario de Estado de Seguridad Social, Borja Suárez, a las principales asociaciones de autónomos (ATA, Uatae y UPTA) y a los agentes sociales (CEOE, Cepyme, CC OO y UGT) en la reunión técnica del pasado lunes.
El problema es que el proceso que coteja los datos fiscales cruzados entre el Ministerio, la Agencia Tributarias y las Haciendas Forales está resultando más complicado de lo que se preveía, máxime cuando desde Seguridad Social decidieron a última hora cambiar el sistema de recepción de datos. Según ha podido saber LA RAZÓN de fuentes autorizadas, la Seguridad Social solicitó en un principio los datos tributarios de los autónomos «en bruto, para procesarlos directamente», una situación que les «ha desbordado» y, por ello, reclamaron que dichos datos fiscales les llegaran ya filtrados, con el consiguiente retraso en los procesos. «No se pueden cambiar las reglas a mitad de camino, porque lo único que puede provocar son lógicos retrasos». El presidente de ATA, Lorenzo Amor, ya advirtió en su momento que este sistema tenía una enorme «complejidad» que podría derivar en problemas para contabilizar los datos.
El propio Suárez ha reconocido que este nuevo sistema de cotización conlleva «una gran complejidad técnica» para los 3,7 millones de autónomos que estuvieron de alta durante 2023, sobre los que se debe verificar a los que se dieron de alta en el nuevo sistema si cotizaron conforme a los rendimientos netos reales obtenidos, unos 550.000 autónomos.
Fuentes ministeriales explicaron a este diario que descartan que haya retrasos significativos, ya que «es un proceso muy largo en el que estamos en la primera fase de recibir los datos tributarios. Es el primer año que se hace y puede haber problemas, pero no contemplamos retrasos pese a su complejidad». Cuando los datos estén ya procesados, esta regularización terminaría en una devolución de lo abonado de más o un cargo adicional que deberá pagar el autónomo, de manera similar a como realizan los trabajadores del Régimen General con la declaración de la renta. Culminaría así el primer proceso de liquidación de las cuotas sociales del proceso de cotización transitorio basado en los rendimientos netos, que debe ser el paso previo al sistema definitivo de pago por ingresos reales en 2026, que aún está pendiente de negociar entre el Ministerio y las asociaciones de autónomos.
El Ministerio convocará de nuevo a la mesa de negociación para abordar otras cuestiones que atañen a los trabajadores por cuenta propia, como la reforma del cese de actividad –el conocido como paro de los autónomos–, el subsidio para autónomos mayores de 52 años o a la jubilación anticipada para las actividades especialmente penosas o la reducción de la brecha en pensiones entre autónomos y asalariados.
El presidente de UPTA, Eduardo Abad, volvió a exigir al Gobierno que, «de una vez por todas», se dé una solución a las cuestiones pendientes». «La reunión tuvo luces y sombras. Las primeras son relativas a haber podido conocer información sobre el funcionamiento del nuevo sistema, pero las sombras se deben a la actitud pasiva que está mostrando Seguridad Social para resolver estos temas». El Ministerio ya ha mostrado su «máxima disposición a informar y colaborar con el colectivo en todos estos procesos».
Unos 550.000 autónomos han cambiado al nuevo sistema de cuotas en función de los ingresos reales percibidos –menos del 18% del total–, de los que unos 300.000 han incrementado su base, frente al otro tercio, que la ha rebajado.
