Un hotel de la plaza Reial de Barcelona reclamó en octubre de 2021 a la Generalitat una indemnización de daños y perjuicios por un importe de 511.551 euros. Se basaba en el agujero económico que le dejaron las medidas tomadas por la administración durante los dos estados de alarma decretados durante la pandemia del covid-19, algunas de ellas tomadas directamente por el Gobierno catalán. La compañía obtuvo respuesta el 18 de julio. Denegada. Aquel mismo día la comisión jurídica asesora de la Administración catalana dio publicidad a los expedientes de otros dos demandantes por la misma cuestión. Ha sido la misma tónica general en los últimos meses. El Govern ha tenido que afrontar la gestión de 478 expedientes de responsabilidad patrimonial. Tras ver fracasada la vía administrativa, 105 empresas han optado por seguir el camino por la vía judicial, según datos del Departamento de Presidencia.
