«El triunfo de la política y del diálogo», así se atreve a calificar el gobierno sanchista por boca de su ministra portavoz, el acuerdo con ERC para que Illa pueda ser investido presidente de la Generalitat. Ese «triunfo» quien lo proclama es ERC, que considera que es «un gran paso adelante para conseguir su objetivo último que es la independencia». Causa indignación contenida lo que Sánchez y su partido «el PSOE» están haciendo con España para satisfacer su deseo de seguir en la Moncloa cueste lo que cueste. Si ese precio lo pagara él, podría ser su problema pero quien lo paga son España y los españoles.
Dos «ultraderechistas» como Lambán, el expresidente socialista de Aragón, y el actual presidente también socialista de Castilla- La Mancha García-Page, han descalificado con una contundente declaración ese acuerdo, sumándose a los presidentes autonómicos de la comunidad Valenciana, Andalucía, Castilla y León, Murcia, etc., en el mismo sentido. La efectividad de ese acuerdo exige una reforma de la LOFCA que requiere de mayoría absoluta, y aliados parlamentarios de Sánchez como Compromís ya han manifestado su oposición al mismo, lo que lo haría inviable.
Junto a este nuevo despiece del Estado como pago al separatismo catalán para satisfacer a la ambición sanchista, tenemos lo ocurrido ayer cuando el juez instructor de la causa contra su esposa por los presuntos delitos de corrupción y tráfico de influencias en los negocios, le convocó a declarar como testigo. Al igual que viene haciendo en el Congreso, no dio explicación alguna acerca de la actuación de su cónyuge no declarando ante el Juez al igual que hizo ella en las dos ocasiones en que compareció ante él. Y por si eso fuera poco, por medio de la abogacía del Estado -ejerciendo de facto como la abogacía de Sánchez y su mujer- se ha querellado contra el Juez por prevaricación. Felipe González declaró ante el Tribunal Supremo por el caso de los Gal, y Mariano Rajoy lo hizo en la Audiencia Nacional por el caso Gürtel sobre la financiación del PP mientras en EE UU estamos viendo como un expresidente y candidato a la reelección ha comparecido con toda normalidad en diversas ocasiones ante la Justicia. Entre el concierto económico encubierto y «a la carta», para conseguir la investidura de Illa y el silencio de Sánchez no declarando nada y querellándose contra el Juez por prevaricación, la actualidad informativa no es la más coherente con una democracia y con un gobierno que se declara «progresista». Igual que el de su buen amigo Maduro.
