Una semana después del asesinato de Irene, encontrada con señales de violencia en una caravana en Motril (Granada) el jueves 18 de julio, aún no se conoce quién la mató ni por qué. Su muerte, en cambio, ha servido para que un juez haya condenado por maltrato habitual a quien era su pareja en los meses previos. Ella nunca lo denunció, como ocurre en la mayoría de casos de violencia de género, pero ahora el juez ha tenido acceso a algunos mensajes que Irene envió a la presidenta de una asociación de ayuda a las víctimas, ha ordenado su detención y le ha impuesto una condena. El hombre, según ha explicado en un comunicado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, ha aceptado una pena de 50 días de trabajo en beneficio de la comunidad e, inexplicable e innecesariamente a estas alturas, “ocho meses de alejamiento y prohibición de comunicación respecto de la víctima”. El comunicado menciona explícitamente que “el hombre ahora condenado era su pareja y convivían juntos, pero no está investigado” por su asesinato.
