Una jueza ha indemnizado por primera vez a la dueña de un perro a la que su expareja prohibió el contacto con el animal durante 10 meses. Ambos tenían la custodia compartida de un husky siberiano de cuatro años de edad en Madrid, pero a principios de 2023 el hombre decidió sin consultarlo apropiarse de él en exclusiva e interrumpir la convivencia por turnos que habían acordado. En una sentencia pionera según los abogados animalistas especializados, la jueza Carmen Martínez, titular del Juzgado de Primera Instancia 68 de la capital, aclara que el daño moral sufrido por la mujer debe ser indemnizado con 600 euros y condena a su expareja a las costas del proceso por haberle hurtado el contacto con su mascota.
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La abogacía animalista coge impulso
Los abogados que pelean por los derechos de los animales en España se acaban de unir para crear la Red de Abogacía Animalista, una asociación formada por letrados especializados en derecho animal. Su objetivo es ser un interlocutor válido ante las administraciones después de la aprobación de la Ley de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales el año pasado, la 7/2023, y celebrarán su primera asamblea en noviembre. “Al principio seremos unos 40 miembros, que buscamos la protección del abogado en el desarrollo de sus funciones. Estamos muy ninguneados en la justicia, como si fuéramos inferiores al mercantil, como si hubiera delitos de primera y de segunda”, critica Lola García, presidenta en funciones de esta red.
Este domingo entró en vigor la prohibición de vender gatos, perros y hurones en las tiendas, y quedará restringido a los criaderos, un año después de la aprobación de la norma estatal. El bienestar animal, que no entiende de color político, se asienta poco a poco en España, con cierto retraso respecto a los usos y costumbres del resto del continente.
El abogado David Sánchez es otro impulsor de esta red: “La rama del derecho animal, que toca muchas materias de Penal, Administrativo y Civil, tiene toda la dignidad y autonomía como cualquier otra. Desgraciadamente, es bastante común que nos vean en los juzgados como letrados de segunda categoría, incluso rozando la mofa en ocasiones”.
Sobre la visión despectiva en la justicia hacia el bienestar animal y los profesionales expertos en ella, García concluye: “Hay jueces que determinan que ciertos delitos deberían ser sanciones administrativas. Pero yo apelo a la justicia porque el delito de maltrato animal no es menos que el de robo o lesiones. A una juez de familia no tienen que gustarle los niños, tiene que aplicar la ley. Además, arrastramos la falta de formación y la desinformación de los jueces sobre el derecho animal”.
