Solo hasta finales de agosto ha llegado al territorio español casi el mismo número de inmigrantes que arribó en todo 2006 a las costas de Canarias, según las cifras del Ministerio de Interior. En ese año, la llamada crisis de los cayucos marcó un hito en el drama de la inmigración irregular: la desesperación en los ojos de más de 40.000 almas que se jugaban la vida por pisar tierra europea imponía portadas de periódicos entonces y lo hace también ahora. Sin embargo, el clima político que vive estos días España es muy diferente al de esos años. A principios de los 2000, José María Aznar invitaba a los marroquíes a estudiar español para buscar trabajo en este país; su ministro de Interior, Mariano Rajoy, hablaba de que España era “un país de acogida”. En 2001, Aznar ofreció permisos de trabajo a más de medio millón de migrantes irregulares y en 2005, José Luis Rodríguez Zapatero aumentó aún más esa cifra. Ahora, una propuesta similar, una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que admitieron a trámite todos los partidos excepto Vox, amenaza con morir en un cajón durante el resto de legislatura, debido en gran medida al ruido de acusaciones políticas que ha desatado la propuesta de reparto de los menores migrantes llegados a Canarias. El discurso de la ultraderecha en España y en Europa ha convertido la migración en un debate de alto riesgo político.
