El gobierno de la Comunidad de Madrid, que anunció este miércoles una ley que permitirá liberar 1,8 millones cuadrados de suelo para convertir locales de oficinas en 20.000 viviendas de alquiler asequible protegidas por 15 años, cree que apostar por proteger permanentemente las viviendas sociales de entrar en el mercado inmobiliario libre, e impedir así su explotación privada, “degrada las edificaciones” y “deteriora los barrios”. Esa tesis, defendida a finales de mayo por el viceconsejero de vivienda, transportes e infraestructuras, José María García, en la Asamblea, alimenta en la práctica la burbuja de precios que asola la región, según la oposición, pues las residencias pueden acabar publicitadas en los portales inmobiliarios para ser habitadas por el mejor postor. Madrid no tenía ninguna vivienda con protección permanente a finales de 2023, según datos oficiales, mientras que el País Vasco tenía 55.000.
Un viceconsejero de Ayuso defiende que la vivienda protegida permanente “degrada” los edificios y “deteriora” los barrios
