El Congreso refrendará hoy la Ley de Amnistía para los delitos relacionados con el procés separatista en Cataluña y episodios aledaños vinculados con actividades terroristas y de corrupción política y económica. Pedro Sánchez y su mayoría de ultraizquierda, secesionista, soberanista y proetarra levantarán el veto del Senado y certificarán el borrado del mayor y más peligroso ataque contra el orden constitucional y contra la convivencia y el bienestar de los españoles desde la recuperación de la democracia.
Tanto los autores como sus cómplices, pero sobre todo, los beneficiarios de la gracia sanchista, querrían, puede que incluso estuvieran convencidos de ello en algún instante del proceso, que el sello parlamentario de hoy supusiera un broche feliz que colocara el contador a cero de cuentas con la Justicia. Puede que los delegados del presidente lo plantearan así en los cenáculos negociadores para asegurarse los siete votos claves de Junts –que de esto va todo– con que retorcer el resultado de las elecciones generales y convertir la derrota socialista en una victoria que eternizara el sanchismo. Las cosas no siempre son lo que parecen. El horizonte no se despejará para Puigdemont y el resto de los integrantes de la lista de oprobio. Los tribunales interpelados por la arbitrariedad de Moncloa ejercerán sus competencias con la interposición de la cuestión prejudicial ante Europa que abocará a un litigio sobre la amnistía y sus consecuencias. Ese fallo se demorará, pero en el intervalo la decadencia de la democracia y los estragos de una legislatura fallida a mayor gloria del presidente se impondrán como una pesada losa sobre el interés general y el futuro de la nación.
Lo hemos repetido en varias ocasiones, pero es imprescindible insistir en que no se nos ocurre un acto más corrupto e ignominioso que el abrazo oscuro, la agenda oculta, entre dos políticos para burlar la Ley, cancelando los fundamentos capitales de la Justicia, a cambio de unos escaños para conservar La Moncloa. La transacción mercantil entre Pedro Sánchez y Carles Puigdemont ha consagrado que los españoles no somos iguales ante la Ley, que una casta de privilegiados está por encima de los códigos que a todos nos conciernen y obligan a lomos de una autoridad absoluta que se ejerce sin recato y de forma alevosa. Además de un acto espurio, pero sobre todo por ser espurio, la amnistía es profundamente inmoral y repudiable, también como premeditada embestida contra la Constitución que blinda las libertades y los derechos de todos, a la que se avasalla desde el Gobierno. Mientras, se atropella la división de poderes y con ello se fomenta la inseguridad y la indefensión para el ciudadano común al pairo de los caprichos y la discrecionalidad de un autoritarismo democrático que enraíza y se robustece.
No debe sorprendernos que las adhesiones al indulto general hayan sido testimoniales fuera del círculo de los autores y los exculpados, tal es además la cualidad del adefesio jurídico pergeñado para envolver la farsa del perdón entre agitación, propaganda y cortinas de humo. El argumento sanchista del instrumento de concordia y convivencia en Cataluña se ha desvanecido con los discursos de Puigdemont y el escenario en el Principado tras los recientes comicios. La amnistía no ejercerá de bálsamo de Fierabrás para un gobierno provisional, sin capacidad para legislar, dividido y enfrentado, rodeado por escándalos críticos ya judicializados. La huida hacia delante es una opción que apenas maquillará una administración agonizante. El PP tiene el deber de extremar la defensa del estado de derecho hasta el final. Es urgente recuperar la democracia plena, los contrapesos, la institucionalidad y una división de poderes que se tenga por tal. Las elecciones son imprescindibles. Nadie está legitimado para actuar contra la Constitución y el pueblo. El poder no da el derecho.
