Este año, la apertura del año judicial en España adquirió un significado histórico con la elección de un nuevo presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), una mujer, marcado por la notable independencia de esta figura, libre de cualquier insinuación política por primera vez desde 1985. Este hito es un paso relevante hacia el fortalecimiento de la independencia judicial, un valor central en el marco del Estado de Derecho. Desde hace décadas, las críticas sobre la politización del proceso de elección de los miembros del CGPJ han generado debate en la sociedad española. El Consejo, máximo órgano de gobierno de los jueces, ha sido objeto de cuestionamientos por su proximidad a los partidos políticos. La reciente elección de una presidenta sin influencia política significativa refleja un avance crucial en la despolitización del poder judicial. No obstante, este logro representa solo el comienzo de una necesaria reforma. Uno de los puntos fundamentales para avanzar hacia una mayor percepción de independencia judicial es cambiar el sistema de elección de los vocales del CGPJ. En la actualidad, estos son elegidos por el Parlamento, un mecanismo que muchos consideramos incompatible con los estándares europeos de independencia judicial. Según dichos estándares, los jueces y magistrados deberían ser los encargados de elegir directamente a sus representantes en el Consejo, sin interferencias políticas. Implementar este cambio reforzaría la legitimidad del CGPJ y su capacidad para actuar como garante de la independencia de la judicatura, alejándolo de cualquier influencia partidista. Esta reforma, que ha sido objeto de múltiples debates, es ahora más pertinente que nunca. En su nuevo ciclo, el CGPJ debe abordar dos grandes tareas. En primer lugar, proceder a los nombramientos para cubrir las numerosas vacantes judiciales que existen en el sistema. Estas vacantes son cruciales para asegurar el funcionamiento fluido de los tribunales y garantizar que los ciudadanos tengan acceso a una justicia pronta y efectiva. En segundo lugar, el Consejo debe liderar el diseño de un nuevo modelo de elección de sus propios miembros. Este proceso requiere una reflexión profunda sobre cómo garantizar que el CGPJ sea una institución verdaderamente independiente, en línea con las recomendaciones europeas. Sin embargo, más allá de los desafíos institucionales, ha llegado el momento de pensar en la justicia no solo como una cuestión de poder, sino como un servicio público esencial para los ciudadanos. La justicia debe avanzar hacia un modelo más rápido y eficaz, que responda mejor a las necesidades sociales. Los retrasos en los procesos judiciales y la complejidad del sistema son barreras que afectan gravemente a los ciudadanos. Una reforma judicial integral debe buscar mecanismos que permitan una mayor celeridad en la resolución de casos, sin sacrificar la calidad de las decisiones. De este modo, la justicia no será vista solo como un poder de estado, sino como un servicio público fundamental para garantizar derechos y resolver conflictos en un tiempo razonable. El desafío de construir una justicia más rápida, independiente y eficaz es el gran reto del legislador y de la judicatura española en general. Este momento es clave para redefinir el papel de la justicia en la sociedad, no solo como un mecanismo de poder, sino como un pilar fundamental del bienestar ciudadano y la protección de derechos. Esperemos que además algunos hayan interiorizado que a los jueces no se les insulta, ni se les deben dar instrucciones.
Reformas como la elección directa de los vocales judiciales por jueces y magistrados son esenciales para avanzar hacia una verdadera independencia judicial, en línea con los principios democráticos europeos. La nueva presidencia del CGPJ tiene la responsabilidad histórica de liderar este proceso y sentar las bases de una justicia moderna y eficiente.
