En el 85% de los casos de violencia sexual infantil el agresor se encuentra en el entorno de la víctima, pudiendo ser un familiar, un profesor, un entrenador o hasta un compañero de clase que usa la coacción y las amenazas para lograr sus objetivos y amedrentar a la víctima para que no lo cuente. Por ello, “resulta fundamental”, como explica Eva Vela Martínez, matrona asistencial y Referente de Calidad del ASSIR (servicio de Atención a la Salud Sexual y Reproductiva) en el Institut Català de la Salut, “ofrecer educación sexual integral a la infancia cuanto antes, adaptada a cada edad”. “Las personas menores de edad tienen derecho a recibir una educación sexual integral con perspectiva de género”, ha asegurado Vela durante su participación en el 70 Congreso de la Asociación Española de Pediatría (AEP).
Los estudios recientes marcan una tendencia a la sexualización cada vez más temprana, con acceso a pornografía desde antes de los diez años. “Hoy es muy fácil saltarse las barreras para acceder a pornografía gratuita y dura. Es alarmante que se convierta el referente sobre la sexualidad durante la adolescencia por carecer de una educación sexual integral a la que tienen derecho”, señala Vela. Asimismo, una de cada cinco personas ha sufrido algún tipo de violencia sexual en la infancia y/o adolescencia, según estudios recientes del Council of Europe. Por abuso sexual infanto-juvenil se entienden todos aquellos contactos de carácter sexual entre un adulto y un menor de edad cuando el agresor utiliza la desigualdad de poder para obtener satisfacción sexual, también puede producirse por una persona menor de 18 años cuando utiliza la posición de poder o control.
“Desde el sistema sanitario estamos en una posición privilegiada para detectar la violencia hacia la infancia y adolescencia, pero lamentablemente a día de hoy no se sale del MIR sabiendo cómo hacerlo”, ha lamentado la coordinadora del equipo EMMA de la Unidad de Atención a la Violencia hacia la Infancia y Adolescencia del Hospital Universitario Vall Hebrón de Barcelona, Anna Fàbregas. La doctora está coordinando estos días, en el marco del 70 Congreso AEP, una serie de talleres para enseñar no solo a identificar las posibles víctimas, sino también a activar el protocolo de protección a la infancia.
INDICADORES DE POSIBLE VIOLENCIA SEXUAL EN LA INFANCIA
La violencia sexual en la infancia y adolescencia es un problema muy grave de salud pública, con consecuencias negativas a lo largo de la vida, tanto para la salud mental, como para la física, la sexual y reproductiva, el rendimiento académico y la vida social. Estos son algunos de los efectos que causa en la salud: ansiedad, depresión, consumo de tóxicos, alteraciones del sueño, con pesadillas y despertares frecuentes. Además, síntomas de estrés postraumático, como ‘flashbacks’ con repetición de las vivencias traumáticas que impiden el día a día, estado en hiper alerta, alteración del estado de ánimo. Así como la somatización a través de cefaleas, dolores abdominales de larga duración. Por último, los cambios bruscos de conducta y del rendimiento académico son también efectos.
Los sentimientos de miedo, culpa y vergüenza acompañan muchas veces a estos niños y adolescentes durante un largo tiempo y juntamente con la manipulación vivida, hace difícil que lo expliquen, reconoce Fàbregas. Por eso, es tan importante el momento de la revelación. “Solemos recomendar a los profesionales sanitarios que no hagan preguntas directas ni juicios, sino que utilicen preguntas abiertas, conecten con empatía a las necesidades del niño/a y agradezcan la valentía de haberlo contado”.
Según la Ley de 2021 de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI), cuando un profesional tiene sospecha o conocimiento de una situación de esta índole, debe activar inmediatamente el protocolo, avisando a las autoridades pertinentes según la comunidad autónoma. Si han pasado menos de 7 días desde la última violencia sexual, será preciso que el menor de edad sea atendido en un hospital de referencia para la recogida de muestras y atención multidisciplinar.
“En Cataluña, tras una prueba piloto en Tarragona, ya se está implementando el modelo Barnahus (Casa de los niños/as en islandés) en toda la comunidad autónoma, para que el niño no tenga que desplazarse a los diferentes servicios implicados en el caso, ni repetir tantas veces su declaración”, ha afirmado la experta. En Barnahus se ofrece atención integral al menor de edad víctima de violencia sexual para evitar la revictimización. Cuenta con profesionales especializados en victimología infantil que se coordinan para trabajar bajo un mismo techo en un entorno amigable para los niños/as. Euskadi, Cantabria, la Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid están trabajando ya en implementar pilotajes del modelo Barnahus.
