El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha confirmado la condena por acoso laboral a los propietarios de una residencia de mayores de la provincia de Palencia, quienes tendrán que indemnizar con 120.000 euros a la directora del centro.
La trabajadora, que fue objeto de un despido disciplinario, denunció a los propietarios de residencia de la Tercera Edad de Ampudia (Palencia) por acoso laboral y la sentencia del TSJ, acredita que fue víctima de acoso laboral.
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha confirmado así la sentencia condenatoria del Juzgado de lo Social número 2 de Palencia y rechazado el recurso interpuesto por los dos demandados, informa Efe.
La sentencia afirma que “no se trata, como sostiene quien recurre, de una situación de simple u ocasional conflictividad laboral, sino de un deliberado, reiterado, grave e injustificado hostigamiento y acoso hacia la mujer, directora de la residencia, por parte de quienes titularizaban la misma”.
La sala confirma que queda acreditado el hostigamiento al que ha sido sometida de forma reiterada y continuada en el tiempo, iniciada prácticamente desde el inicio de la relación laboral, pero acrecentada a raíz del covid, por parte de los codemandados y con el conocimiento y el consentimiento de la propia empresa.
Se afirma también que han mantenido con la directora, a la que se diagnosticó trastorno de ansiedad generalizada, una conducta totalmente inadecuada, improcedente y fuera de lugar, además de ofensiva.
También que la intentaron aislar del resto de sus compañeros a los que daban instrucciones expresas de no relacionarse con ella e incluso llegaron a decirles que estaba despedida cuando simplemente estaba de baja.
Humillación
Asimismo se les acusa de “denigrarla y humillarla diciendo públicamente que estaba loca, gritándole, insultándola y poniéndola en situaciones límites hasta el punto de acabar llorando en más de una ocasión”.
Tampoco obvia la sentencia “el prevalimiento por parte de los codemandados de su situación de superioridad al amenazar con el despido”.
El fallo se basa en las pruebas expuestas durante el juicio y las declaraciones de los testigos, así como en los informes de la Inspección de Trabajo que emitió acta de infracción contra la empresa por falta muy grave, y acreditó las continuas descalificaciones y menosprecio hacia la trabajadora, de la Asociación Pavia, que ayuda a víctimas de acoso laboral, y del servicio de Psiquiatría de Sacyl.
La empresa y los dos codemandados tendrán que indemnizar a la trabajadora con 120.000 euros por los daños y perjuicios sufridos derivados del acoso laboral reconocido, por despido improcedente, por el abono de los salarios de tramitación devengados desde la fecha del despido y la liquidación de las vacaciones.
