El problema llega a la mesa del consejo de gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso el 5 de junio. Hay que pagar 105.947.982,53 euros a la Fundación Jiménez Díaz (FJD), del grupo Quirón, en cumplimiento de la liquidación de la actividad sanitaria de 2021. Retrasar el abono supone un riesgo: “Podría derivarse un importante perjuicio económico” en forma de intereses de demora. Y resulta que se da una situación “de carácter excepcional”. Hay una “insuficiencia de crédito” para atender deudas de ejercicios anteriores que no puede ser atendida con cargo al presupuesto de Sanidad o del resto de departamentos, según se lee en un informe de la dirección general de presupuestos al que accedió EL PAÍS en aplicación de la ley de transparencia. Dicho de otra forma: “Los créditos consignados en el presupuesto 2024 resultan insuficientes”. Tras descartar varias alternativas ordinarias, el embrollo se resuelve transfiriendo 104 millones desde la Agencia de Atención Social (61.500.000 euros) y el Servicio Madrileño de Salud (42.500.000). Una fuente gubernamental precisa que la cantidad se usó también para pagar a otros hospitales públicos de gestión privada, aunque la documentación que acompaña al acuerdo únicamente menciona a la FJD.
