En los últimos años, hemos podido ser testigos ―o protagonistas― de la promulgación de dos leyes que afectan directamente al ámbito académico: la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (Ley 17/2022, de 5 de septiembre) y la Ley Orgánica del Sistema Universitario (Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo). Leyes que, en sus preámbulos, ya destacan la importancia de la producción de conocimiento en nuestra economía, el contexto socio-material para comprender las relaciones ―tanto manifiestas como latentes― que se producen en el seno de las universidades españolas actuales. Por ejemplo, unas relaciones laborales que se rigen por las leyes mencionadas y, solo de forma supletoria, por el Estatuto de los Trabajadores, con los problemas que esto puede suponer para reconocer las condiciones de trabajo del personal laboral universitario.
Universidad contra universidad
